CLAUDIA TORRENS,

Associated Press

(AP) — Armados con pistolas de nueve milímetros y chalecos antibalas, los policías arriban temprano en la mañana a un departamento del Bronx donde reside un joven mexicano arrestado diez veces por conducir sin licencia, que fue deportado, volvió a ingresar ilegalmente en el país y fue arrestado de nuevo por amenazar a un vecino con un machete.

Una mujer les dice que el hombre está en el restaurante en el que trabaja, en East Harlem, Manhattan. Se encaminan allí a toda prisa, haciendo sonar sirenas, y cuando llegan le piden al inmigrante que salga de la cocina y le esposan en la calle, cerca de la Segunda Avenida. Son las siete de la mañana.

Operaciones como esta son el pan de cada día para los policías de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Nueva York, ICE por sus siglas en inglés, desde que la ciudad decidió no atender el pedido de retenerlos unas 48 horas adicionales desde cuándo se establece su hora de salida de la cárcel local luego de haber sido arrestados por cometer alguna contravención, para tener oportunidad de ir a recogerlos y ponerlos en proceso de deportación.

“Más de 300 ciudades y condados en Estados Unidos hacen lo mismo que Nueva York, además de los estados de California, Connecticut, Illinois, Rhode Island y el distrito de Columbia, que han limitado su cooperación con la agencia federal migratoria en los últimos años aduciendo que se está deportando a inmigrantes que no han cometido delitos graves o que han cometido ofensas menores, en contra de las prioridades fijadas por el gobierno nacional, que dice que se debe deportar sólo a quienes incurrieron son una amenaza para la seguridad pública del país.

Voceros de ICE lo niegan y aseguran que sólo se enfoca en esos delincuentes. La discusión se hace más compleja pues varios tribunales dicen que los pedidos de retención que hace el ICE son inconstitucionales si no hay suficientes pruebas de que el inmigrante cometió un crimen.

Si las autoridades locales los acatan pueden verse en problemas, aseguran.

La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo a Associated Press que durante años los policías del ICE “tendieron una emboscada en la cárcel de Rikers Island” que resultó en deportaciones innecesarias.

Aludía al hecho de que había agentes de ICE presentes en la cárcel cuando los reos eran liberados.

“Además de ser injustas, las políticas de ICE fueron una ofensa a las leyes del país y otro síntoma de que nuestro sistema migratorio no funciona”, dijo Mark Viverito, quien agregó que el Concejo “está orgulloso” de haber limitado la cooperación.

Pero debido a la falta de ayuda, ICE dice que sus policías se ven obligados ahora a salir más a los barrios y dedicar gran parte de sus recursos a encontrar y arrestar en sus casas a inmigrantes que han cometido delitos y que fueron dejados en libertad tras cumplir con su condena, y que por eso enfrentan posibles situaciones peligrosas.

Lo mismo ocurre cuando debemos ir a una casa, a un lugar de trabajo, a un lugar donde uno no sabe si hay armas o donde uno desconoce los alrededores”, dijo Christopher Shanahan, director de operaciones en Nueva York para la división Enforcement Removal Operations, que lleva a cabo los arrestos en ICE.

“Creo que la legislación aprobada por la ciudad de Nueva York ha creado una situación de vulnerabilidad para ICE”, declaró a la Associated Press.

El mexicano arrestado el martes había sido dejado en libertad por las autoridades locales, después de cumplir con su condena por las amenazas con el machete.

ICE había pedido al Departamento de Prisiones que lo retuviera para poder así ir a buscarlo a la cárcel de Rikers Island, pero su solicitud fue ignorada.

ICE no dio a la AP el nombre del mexicano ni los detalles de su caso en observancia a su política de privacidad.

Nueva York empezó a limitar su cooperación con ICE en 2011.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, firmó en noviembre de 2014 una ley que terminó el programa de ayuda al ICE, excepto en ciertos casos de crímenes violentos o amenazas a la seguridad pública, estipuló la legislación.

En el año fiscal 2014, ICE deportó a casi 316.000 personas en Estados Unidos.

La cifra fue menor que la media en deportaciones registrada en los últimos años durante la presidencia de Barack Obama y en la que se llegaron a las casi 400.000 deportaciones anuales.