SAN QUINTÍN, México (AP) — Los abusos se sucedían. Sueldos de hambre, condiciones de vida miserable, horas extras que no eran abonadas. La explotación laboral era moneda corriente. “Nos hartamos de tanta injusticia”, afirmó Celina Sierra, de 27 años, 13 de ellos como jornalera y quien es el principal sustento de sus dos hijos y de su madre.

La huelga derivó en un enfrentamiento el martes cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y las autoridades (policías estatales, federales y miembros del Ejército mexicano) intervinieron para desalojarlos. Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades. El subsecretario del Gobierno de Baja California, Pablo Alejo López, dijo a la AP que habían arrestado a “poco más de 200 personas”, se cerraron todos los negocios, escuelas y ranchos de la región, donde viven 140.000 personas, la mayoría de ellas migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa,Como consecuencia de la agitación, de acuerdo a censos oficiales.