Por MARCOS ALEMÁN, Associated Press
SAN SALVADOR (AP) — La comunidad jesuita de El Salvador informó el jueves que pedirá la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes y sus dos colaboradoras en 1989. La decisión de la Compañía de Jesús se conoce la víspera del aniversario del asesinato múltiple y luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la solicitud de suspender la extradición a España del coronel en retiro Inocente Orlando Montano, acusado de ayudar a planear el crimen. No se sabe cuándo se llevará a cabo la extradición del militar que en las últimas semanas ha estado detenido en una instalación de Carolina del Sur, Estados Unidos. El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Manuel Escalante, dijo durante una entrevista con la radio YSUCA que con la extradición del exmilitar, de 76 años, “el efecto inmediato es que habrá juicio en España contra Inocente Montano”. Pero advirtió que el resto de los militares presuntamente involucrados no podrán ser juzgados porque El Salvador ha rechazado los pedidos de extradición que pesaban sobre ellos. Escalante dijo que si Montano es sometido a juicio en España se podrá combatir la impunidad histórica y, si es condenado, se conocerá cómo ocurrieron los hechos. Por ello, manifestó, es necesario que el Órgano Judicial salvadoreño reconozca lo que ocurrió. La UCA ha dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes pero insiste en el esclarecimiento de la autoría intelectual. Según documentos oficiales, Montano formaba parte del grupo de militares acusados de conspirar para matar a los sacerdotes, que estaban ayudando a organizar las conversaciones de paz. En un principio el gobierno salvadoreño trató de inculpar al guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero luego se supo que el hecho había sido perpetrado por los militares. Los jesuitas ya pidieron que se conmute la pena del coronel Guillermo Benavides, el único militar preso por su participación en la matanza, sentenciado a 30 años de prisión de los que le resta cumplir 26. Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Benavides, de 75 años, había sido sobreseído por la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, que en julio de 2016 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La Audiencia Nacional de España ha solicitado la orden de captura con fines de extradición de 17 militares retirados por su posible involucramiento en el asesinato de los jesuitas pero la Corte Suprema de El Salvador bloqueó la petición en 2012 y 2016. En la época los exoficiales integraban la cúpula castrense que, según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, ordenó la ejecución de los religiosos en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992). Los seis curas fueron ejecutados el 16 de noviembre de 1989 con disparos en la cabeza en el jardín de la casa en la que vivían en el campus de la UCA. Sus dos colaboradoras también fueron asesinadas.
