Por MARK STEVENSON, Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Senadores mexicanos de oposición se apoderaron el martes del estrado para poner fin a un intento por parte del partido gobernante de programar una votación secreta y acelerada que ratifique el despido de un fiscal electoral. La oposición dijo que la votación es un intento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, de frenar una investigación sobre posible financiamiento ilícito de campaña. El gobierno de Peña Nieto en algún momento se enorgulleció de crear consenso en el Senado, pero parece dispuesto a arriesgarse a un conflicto con tal de ratificar el despido del fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto. El gobierno señala que el funcionario fue despedido por revelar partes de una investigación en curso. El PRI intentó usar una cláusula que les permitiría que los votos de los senadores permanecieran en secreto durante una sesión del miércoles para ratificar el despido. “No tiene justificación un voto por cédula, en secreto”, dijo el senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. “Es muy grave lo que están haciendo ustedes. Pretenden deshacerse de un fiscal incómodo, para después poner un fiscal cómodo”. El fiscal investigaba reportes de que Odebrecht, la constructora brasileña que ha reconocido el pago de sobornos a funcionarios de toda Latinoamérica, pudo haber otorgado fondos que terminaron en las arcas de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. La organización no lucrativa Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundió un reporte basado en registros bancarios y declaraciones publicadas de un ex ejecutivo de Odebrecht que dejaban entrever que un alto funcionario de la campaña de Peña Nieto pudo haber recibido 3,14 millones de dólares por parte de una compañía fachada de Odebrecht. Dicho funcionario, Emilio Lozoya, ha negado las acusaciones y afirma que no tiene conexión con la cuenta bancaria mencionada en la investigación. Funcionarios de Odebrecht han dicho que pagaron sobornos para obtener contratos en varios países de América Latina y han reconocido pagar 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal mexicana, Pemex. Lozoya estuvo al frente de Pemex cuando Peña Nieto ganó la elección en 2012, pero renunció cuando la paraestatal enfrentó problemas financieros. La controversia se agudizó cuando el gobierno de Peña Nieto decidió despedir el viernes a Nieto, supuestamente por incurrir en violación a las normas internas al revelar información sobre una investigación abierta, que en México no son de dominio público.
