Associated Press
MANAGUA (AP) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó el domingo sin efecto una polémica reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas patronales de los trabajadores y que imponía un impuesto a los pensionados para atención médica. Durante los últimos días la situación provocó manifestaciones, violencia en las calles y saqueos comerciales en el país con un saldo de al menos 25 muertos. Docenas de tiendas fueron saqueadas en Managua. Imágenes transmitidas por medios de comunicación locales mostraron las escenas. Aparentemente la policía no intervino, lo que contrasta con la respuesta que habían dado a las manifestaciones y dejaron decenas de heridos y detenidos.
“Estamos viviendo en Nicaragua un caos social provocado por la ausencia de liderazgo gubernamental. Se han juntado la crisis con la pobreza y eso en cualquier sociedad es una bomba de tiempo”, dijo el sociólogo y analista Cirilo Otero.Desde el Vaticano, el papa Francisco manifestó que está “muy preocupado” por lo sucedido en Nicaragua y se unió a los obispos para pedir que cese toda violencia.Los disturbios estallaron en respuesta a la decisión de Ortega para reforzar el aquejado sistema de Seguro Social con una combinación de beneficios reducidos e impuestos más altos. Ortega anticipó que acordaría negociar sobre las reformas para evitar más “terror para las familias nicaragüenses”, pero indicó que las discusiones sólo se llevarían a cabo con líderes empresariales. Además pareció intentar justificar lo que ha sido una severa respuesta del gobierno y grupos aliados al acusar a los manifestantes, en su mayoría jóvenes universitarios, de ser manipulados por los intereses políticos de “unas minorías” no especificadas y de estar infiltrados por pandilleros. “Esto que está aconteciendo en nuestro país no tiene nombre. El periodista Ángel Gahona estaba transmitiendo en vivo a través de Facebook las protestas en la ciudad sureña de Bluefields cuando murió baleado. Al menos otras 25 personas han muerto desde el miércoles, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, aunque el gobierno solo ha confirmado nueve decesos.
