Por FREDDY CUEVAS,
Associated Press
TEGUCIGALPA (AP) — Juan Orlando Hernández asumió el sábado como primer presidente reelecto de Honduras en medio de una crisis política generada por denuncias de fraude en su continuismo en el poder y manifestaciones opositoras que chocaron con la policía antimotines. En su discurso, Hernández se comprometió a “iniciar un proceso de reconciliación para unir a la familia hondureña porque existen diferencias políticas, pero tenemos que sentarnos a dialogar abiertamente y sin barreras”. Antes de la ceremonia, efectivos militares y policiales dispersaron con gases a miles de opositores que intentaban llegar al Estadio Nacional de Tegucigalpa a boicotear la asunción del mandatario. Inconformes enmascarados lanzaron piedras con hondas y patearon los cartuchos lacrimógenos para regresarlos hacia las fuerzas de seguridad; varias barricadas fueron incendiadas y el gas inundó las calles. “Así reprime el dictador a su pueblo”, declaró a The Associated Press el excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, quien alega haber ganado las elecciones generales del 26 de noviembre pasado. “Seguimos en la lucha por rescatar al país de la dictadura, sin reconocer a Hernández como presidente”. Hernández, abogado de 49 años, es el primer mandatario de Honduras en ser reelegido, un punto crucial en las protestas contra él. La Constitución de 1982 prohíbe la reelección presidencial, pero Hernández logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015 para burlar esa medida. La carta magna establece que solo una consulta popular puede revocar esa disposición, lo que no hizo el gobierno. En los resultados iniciales de la votación de hace un mes y con el 57% de los votos escrutados por el Tribunal Supremo Electoral, Nasralla superaba a Hernández, quien inesperadamente remontó y al final ganó los comicios por apenas el 1,53% de los votos, y luego de casi tres días de desperfectos en las computadores estatales. Allí surgió la crisis política que mantiene polarizada a Honduras y que hasta ahora ha cobrado la vida de al menos 31 personas, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Los opositores indican que la cifra de muertos es de 41. Tres días después de las elecciones, el gobierno impuso un estado de excepción de una semana para controlar disturbios y manifestaciones violentas de los opositores a nivel nacional, que dejaron pérdidas superiores a los 100 millones de dólares a la economía hondureña.
