Por GENE JOHNSON,
Associated Press
SEATTLE (AP) — Varias ciudades santuario con alcaldes demócratas que tenían desde hace tiempo una fría relación con las autoridades federales de inmigración piensan seguir dando amparo a los inmigrantes sin permiso de residencia a pesar de la amenaza del presidente electo Donald Trump de negarles fondos federales si no colaboran en una campaña para deportar a los extranjeros que viven en el país ilegalmente. Bill de Blasio, en Nueva York; Rahm Emanuel, en Chicago, y Ed Murray, en Seattle, son algunos de los regidores de “ciudades santuario” que han intentado tranquilizar a la población inmigrante preocupada por los planes de Trump, que durante su campaña electoral se comprometió a deportar a todos los extranjeros sin permiso de residencia. “Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria”, dijo Murray el lunes. “Lo último que quiero es que empecemos a entregar a nuestros vecinos”. En Providence, Rhode Island, el alcalde Jorge Elorza, hijo de inmigrantes guatemaltecos, dijo que mantendrá la política de no retener a personas acusadas por infracciones civiles en nombre de agentes federales de inmigración. Trump prometió “poner fin a las ciudades santuario” y dijo que aquellas “que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de lcontribuyentes”. Atritribuyendo “muchas muertes innecesarias”. Trump no detalló sus planes para presionar a las ciudades, y en una entrevista con “60 Minutes” emitida el domingo dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será deportar a delincuentes y asegurar la frontera. Pero sigue habiendo mucha preocupación e interrogantes sobre su estrategia hacia las ciudades santuario. No hay una definición legal del término, al que se oponen algunos defensores de los derechos de los inmigrantes sin un status migratorio legal, que señalan que la noción de santuario no refleja el hecho de que la gente sigue pudiendo ser deportada. En general se refiere a jurisdicciones que no cooperan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eso puede implicar, por ejemplo, que no notifican a la agencia de inmigración cuando un inmigrante sin permiso de residencia va a salir tras una detención. “No queremos que nadie tenga miedo de hablar con nosotros”, dijo John Urquhart, jefe de policía del condado de King, en Washington, que incluye a Seattle. Como no se puede obligar a estados y ciudades a hacer cumplir las leyes federales y no hay ninguna ley federal que requiera a la policía que pregunte por la situación migratoria de la gente, es probable que cualquier esfuerzo de Trump por presionar a las ciudades santuario se centre en aquellas que se nieguen a cumplir las peticiones del ICE. Tampoco está claro qué dinero puede retener Trump a los ayuntamientos. El principal argumento para los que piden que se reprima a las ciudades santuario es la muerte a tiros de Kate Steinle en 2015. La mujer falleció abatida en un muelle de San Francisco por disparos de un hombre que había sido deportado antes y dejado en libertad por fuerzas de seguridad locales. “Estas ciudades han insistido en que van a respetar la dignidad de todos sus residentes”, dijo Matt Adams, director legal del Northwest Inmigrant Rights Project, con sede en Seattle. “Lo que dicen es: ‘No vamos a utilizar nuestros recursos para separar familias, para deportar niños, para desgarrar comunidades”’, afirmó.
