Por LAURA WIDES-MUÑOZ

y PETER ORSI,

Associated Press

LOS REYES LA PAZ, México (AP) — La quimioterapia no funcionaba ni tampoco la radiación. Ya le habían extirpado el riñón. A esa altura Darío Guerrero, un estudiante de Harvard, hizo lo que cualquier joven moderno haría por un progenitor agonizante: buscó en la internet y actuó con presteza. Encontró un par de clínicas en México que ofrecían tratamientos alternativos y se llevó a su madre allí.

Fue el error más costoso en sus 21 años de vida. Guerrero, quien estaba en Estados Unidos ilegalmente, amparado por un programa que deja en suspenso la deportación de los “dreamers”, salió del país a sabiendas sin la autorización correspondiente y ahora no puede regresar a la tierra donde vivió casi toda su existencia.

“Entró en estado de pánico e hizo lo que pensó era lo mejor para su familia”, relata su abogado Alan Klein, quien está tratando de conseguir una exención por razones humanitarias luego de que se le negó a Guerrero un permiso para volver al país.

Sus padres lo llevaron a Estados Unidos cuando tenía dos años. Llegaron con visas de turistas y se quedaron. Hizo la escuela primaria y a los 13 años se ganó una beca para un programa de verano de la Universidad John Hopkins. Junto con otros cientos de miles de estudiantes, se acogió a un programa que aplaza las deportaciones de jóvenes como él bajo una orden ejecutiva del presidente Barack Obama.

Pero ese beneficio queda sin efecto si una persona sale del país sin la autorización del gobierno.

Guerrero lo sabía. Sin embargo, su madre empeoraba y el muchacho decidió que no podía esperar. La llevó a las clínicas mexicanas y estuvo a su lado cuando falleció semanas más tarde.

Ahora, en lugar de preparar exámenes en Cambridge, Massachusetts, se encuentra varado en la casa de sus abuelos en un barrio suburbano de la Ciudad de México controlado por pandillas.

Su única esperanza de poder regresar es que el gobierno le conceda una exención “sobre la base de razones humanitarias imperiosas o si hay un beneficio público importante”, según dice el portal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. El año pasado aprobó una tercera parte de las solicitudes recibidas al amparo de consideraciones humanitarias.

Guerrero declaró a la Associated Press que presentó dos solicitudes para que se le diese un trámite acelerado a su pedido de un permiso para salir del país en vista del estado de salud de su madre, pero le pidieron más documentación de la condición médica de la madre. Pudo haber ido a las oficinas del Servicio para tratar de que se resolviese el asunto personalmente, pero prefirió irse sin esperar una respuesta definitiva.

“No hay dudas de que (Guerrero) no cumplió con las reglas. Pero ¿cuál debe ser el castigo?”, preguntó Kurzban.

Todo inmigrante que tiene un caso pendiente necesita autorización para salir del país. No es difícil conseguirla si hay razones válidas de por medio. Si alguien se va sin esa autorización, que a veces se demora un poco, se considera que renunció voluntariamente a permanecer en Estados Unidos.

Defensores de la causa de los inmigrantes dicen que debería ser más fácil para quienes llevan muchos años en el país conseguir permiso para viajar. Kurzban destacó que algunas visas, como las H-1B para trabajadores temporales especializados, autorizan a salir del país sin previa aprobación. Concederle esa libertad a gente como Guerrero aliviaría un poco las penurias y representaría un trabajo administrativo mínimo, acotó el abogado.

Rocío Meneses Días falleció el 14 de agosto a los 41 años en la casa de su hermano mayor en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Un hermano de Guerrero de 16 años estuvo también a su lado. Dado que nació en Estados Unidos, el hermano puede regresar. Su padre, un contratista que trabaja en la construcción y que está ilegalmente en el país, se quedó en la casa de la familia en Long Beach con su hija de nueve años. Ella también nació en Estados Unidos.