(AP) — El abogado Reynold Georges se presentó con un juez y un oficial de la policía una tarde reciente en el campamento Acra, donde unas 30.000 personas viven en carpas y casuchas de madera contrachapada diseminadas por un arbolado terreno de montaña en el centro de la capital haitiana.

El abogado le dijo a los residentes que estaban ocupando ilegalmente terrenos de su propiedad y que debían irse, según testigos. Si no lo hacían, le prenderían fuego al sitio y arrasarían con todo usando topadoras.

El líder del campamento Elie Joseph Jean-Luis relató que otros residentes que perdieron sus viviendas en el catastrófico terremoto del 2010 ahuyentaron a Georges y sus acompañantes a pedradas.

Los habitantes del campamento evitaron ser desalojados ese día, en un episodio que puso de relieve un problema mayúsculo.

En las semanas que han pasado desde esa confrontación de mediados de abril, las penurias de los residentes del campamento han pasado a ser un símbolo de los problemas que enfrentan muchos de los 320.000 refugiados que siguen viviendo en campamentos y que sufren amenazas y a veces agresiones para que abandonen esos terrenos.

El episodio desató una serie de eventos que dejaron varios campamentos incendiados y un residente muerto. Una semana después del incidente, Amnistía Internacional dijo que en el último año aumentaron los desalojos.

“Este terrible incidente demuestra las consecuencias de seguir desalojando por la fuerza en Haití”, afirmó Javier Zúñiga, asesor especial de Amnesty, en un comunicado. “Han estado viviendo en campamentos, en condiciones horribles. Como si eso fuese poco, los amenazan con desalojarlos por la fuerza y dejarlos nuevamente sin techo”.

La versión de Georges es muy distinta. Este ex senador que alguna vez representó al dictador Jean Claude “Baby Doc” Duvalier niega haber amenazado a los residente y afirma que fue al lugar simplemente a mostrarle a las autoridades cuáles eran sus tierras.

“Si dicen esas cosas, son malandras mentirosos”, declaró Georges.

Luego de circular el informe de Amnistía, el primer ministro Laurent Lamonthe le dijo a la Associated Press que el gobierno del presidente Michel Martelly estaba tratando de poner fin a los desalojos.

El gobierno “no cree en desalojos forzados”, afirmó Lamonthe. “Hay algunos propietarios particulares de terrenos que lo hacen, pero no es algo que apruebe el gobierno”.

Las personas desplazadas por el terremoto tienen derecho a ciertas protecciones legales estipuladas en una Guía de Principios para Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, la cual prohíbe los desalojos por la fuerza a menos que sean una necesidad para proteger la salud y el bienestar de los afectados. Las autoridades nacionales son las responsables de proteger y suministrar asistencia humanitaria a los desplazados.

El desalojo de los campamentos es un reto de proporciones épicas que enfrenta el gobierno más de tres años después de uno de los peores desastres naturales de la historia.

El terremoto mató a más de 200.000 personas y dejó sin techo a 1,5 millones aproximadamente, cifras astronómicas en un país de 10 millones de habitantes. Tras el temblor surgieron una cantidad de campamentos como el de Acra, donde la gente que se quedó sin viviendas construyó carpas o casuchas con escombros, ramas de árboles, madera, lonas e incluso sábanas. Los campamentos se transformaron en pequeñas ciudades con sus propios comercios, barberías e iglesias. Todavía quedan unos 385 asentamientos de este tipo.

Grupos de ayuda y funcionarios del gobierno dicen que hay cada vez menos campamentos y que eso es un indicio de que el país se está recuperando. Numerosos activistas, no obstante, afirman que mucha gente está siendo desalojada por la fuerza, sin tener a dónde ir, por personas como Georges, que reclaman sus tierras, o incluso por el gobierno.

Según la Organización Internacional de Migraciones, 977 personas fueron desalojadas por la fuerza o mediante amenazas en los primeros tres meses del 2013.

La historia tiende a ser diferente en los campamentos que ocupan terrenos públicos. Mucha gente recibió subsidios del gobierno que les permitieron ubicarse en otras viviendas.

Este año, unas 700 personas fueron desalojadas de un campamento que ocupaba tierras privadas en el distrito capitalino de Carrefour luego de que un juez les ordenó irse y de que la policía hizo disparos al aire.

Residentes de otros campamentos aseguran que tuvieron que irse temporalmente de sus viviendas al surgir incendios en medio de la noche o porque la policía destruyó sus casitas a machetazos. A diferencia de lo que ocurrió en Acra, ninguno de esos episodios generó muertes.