Esther Cepeda

Columnista

El domingo pasado, en el programa de NBC, “Meet the Press”, el presidente Obama expresó que arreglar nuestro fallido sistema de inmigración es una de las más altas prioridades de su segundo período. Prometió introducir legislación, este año, para conseguirlo.

Sin duda, el presidente sintió la necesidad de reiterar esa gastada promesa después de dos semanas de noticias relacionadas con las fiestas, que detallaron el impacto que el número sin precedentes de deportaciones de este gobierno ha tenido en las comunidades de inmigrantes de todo el país. Esos artículos fueron iniciados por el anuncio del Departamento de Seguridad del Territorio (DHS, por sus siglas en inglés) de que en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, se deportó una cifra récord de 409.849 individuos.

Los que tienen un leve interés en el asunto quedan perdonados por suponer que los inmigrantes a los que se echó eran el tipo de gente que supone una amenaza para nuestras comunidades y para la seguridad de nuestra nación.

Lamentablemente, eso no es exactamente cierto. Y la sutil tergiversación sobre el tipo de personas que se está expulsando cuestiona la manera en que se utilizarán estas estadísticas o bien para criticar al presidente por no hacer más para mantener a los inmigrantes ilegales fuera del país o para suscitar el fantasma de que sus procedimientos de inmigración se realizan mientras se negocian compromisos para la reforma.

Aunque John Morton, el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), declaró que el 55 por ciento de los deportados habían sido condenados de delitos mayores o menores –alrededor del doble de individuos en esas categorías que se deportara en el año fiscal de 2008– los inmigrantes en cuestión no son, en su mayoría, los asesinos, pandilleros o narcotraficantes que nos imaginamos.

Según Bryan Johnson, abogado de inmigración y bloguero de Nueva York, el único motivo por el que ICE está alcanzando récords de deportaciones es porque también se cuentan las detenciones de la Patrulla Fronteriza. Cuando se agarra a esos individuos una segunda vez cruzando la frontera, se los procesa por volver a entrar ilegalmente, un delito mayor.

Johnson me dijo que él piensa que DHS y el gobierno “quieren que parezca que están priorizando sus esfuerzos, pero creo que están cambiando los números intencionalmente, para que parezca que están deportando más y más delincuentes cuando, en realidad, no lo están haciendo –están simplemente destruyendo más familias.”

“Durante el curso de los gobiernos de Bush y Obama, DHS y ICE han tratado de mostrar que son estrictos en la imposición de la ley, para tratar de ablandar un poco el terreno para potenciales reformas migratorias,” expresó Mary Giovagnoli, directora del Immigration Policy Center en una entrevista. “Pero desde 2005 cuando la Operation Streeamline ordenó cargos penales federales para toda persona que cruzara la frontera ilegalmente, el sistema está en piloto automático para criminalizar a los inmigrantes, sometiéndolos al cumplimiento más vigoroso de la ley con pocos mecanismos para salirse del sistema. “Irónicamente, estos grandes números pueden utilizarse para decir que estamos en un punto álgido y que el gobierno debe hallar maneras de llevar el sistema nuevamente a un equilibrio, proporcionando más oportunidades de ayuda.”

Con la vuelta de la inmigración al discurso nacional, el presidente Obama se beneficiaría si aclarara percepciones erróneas en torno a los números de deportaciones de su gobierno –y defendiera cambios en la política migratoria que aseguraran que las medidas para imponer la ley se concentraran en las amenazas más serias a la seguridad de nuestra nación.