(AP) — Estados Unidos está encerrando más inmigrantes irregulares que nunca y eso ha generado un negocio lucrativo para las mayores empresas privadas de reclusorios. The Associated Press descubrió que esas compañías han gastado decenas de millones de dólares en cabildeos para influir en los legisladores y han aportado generosamente a sus campañas electorales.

El costo para el erario llegará este año a 2.000 millones de dólares y en los próximos años las empresas calculan que recibirán aún mucho más dinero gracias a los planes gubernamentales para albergar a los 400.000 inmigrantes ilegales detenidos anualmente.

Las empresas recibieron además fondos de filiales que imparten cuidados médicos y transporte. Tienen encerrados más inmigrantes ilegales hallados culpables de delitos federales en su sistema de reclusorios privados.

La bonanza financiera, que salvó de la bancarrota a varias de esas empresas, ocurrió pese a que los funcionarios federales reconocieron que la privatización no es necesariamente más barata.

Este cambio sísmico hacia un sistema privado de inmigración ha pasado casi desapercibido. Mientras las gestiones del Congreso para reformar las leyes de inmigración han causado protestas y han captado la atención del público, los esfuerzos de los congresistas por conseguir dinero de las empresas administradoras de cárceles han recibido mucha menos atención.

Los gigantes del sector –Corrections Corporation of America, The GEO Group y Management and Training Corp.– han gastado por lo menos 45 millones de dólares en donaciones electorales y cabildeo en la última década, descubrió AP.

CCA y GEO, que administran la mayoría de prisiones privadas, insistieron que no influyen en los legisladores para ganar más.

“Es una política establecida que CCA no hace presión política en temas que podrían decidir el encarcelamiento de un individuo”, expresó Steve Owen, portavoz de CCA, en un correo electrónico a la AP. La empresa mantiene un sitio de internet entero dedicado de refutar tales acusaciones.

En promedio, al contribuyente estadounidense le cuesta 166 dólares detener a un inmigrante ilegal, incluyendo atención médica y el salario de los guardias, según confirmó el ICE cuando la AP hizo el cálculo y se lo presentó. En el 2004 la cifra era de 80 dólares, aunque el ICE dice que esa cifra no incluía todos los elementos actuales, aunque se negó a dar detalles.

El gobierno federal intensificó las detenciones de inmigrantes sin documentos en la década de 1990, cuando aumentaba agudamente la cantidad de gente que cruzaba la frontera. En 1996, el Congreso aprobó una ley que exigía la detención de más inmigrantes sin autorización. Pero fue sólo en el 2005 — cuando llegaban a su máximo los esfuerzos de las compañías de seguridad — que el ICE obtuvo un gran respaldo. Entre el 2005 y 2007, el presupuesto de la agencia saltó de 3.500 millones a 4.700 millones, además de 5 millones para el confinamiento.

Sin embargo, el subdirector ejecutivo para la Aplicación y Remoción de Operaciones del ICE, Gary Mead dijo que el gobierno nunca ha estudiado si la privatización de los centros de detención de inmigrantes les ahorra dinero.

Las instalaciones “no son las más caras que hay, pero tampoco son las más económicas”, comentó. “El costo no es siempre el único factor”.

Una diferencia fundamental entre las instalaciones privadas y las públicas es la transparencia. Las privadas no están obligadas a cumplir con las leyes sobre acceso a la información pública.

El presidente Barack Obama ha pedido un presupuesto reducido este año para los centros de detención y ha animado a la agencia a buscar alternativas para albergar a los detenidos. También ha girado instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional para que deje de deportar a menores de edad, lo que podría reducir el número de gente tras las rejas.

El Congreso, sin embargo, tiene la potestad de aprobar más fondos para detención que lo que haya solicitado del departamento.

Además de los centros de detención civiles, las compañías privadas se benefician con la detención de extranjeros que han cometido delitos federales.

GEO, que cita a la agencia de inmigración como su mayor cliente, tuvo un crecimiento en sus ingresos netos de 16,9 millones de dólares a 78,6 millones de dólares desde el 2000.

James Thurber, director del Centro de Estudios Congresionales y Presidenciales de la Universidad Americana, dijo que en medio del agrio debate nacional sobre inmigración, las empresas han sabido abstenerse de dar mucho dinero a los políticos que abogan por una reforma, ya que les podría resultar contraproducente.

Hay otras maneras, más discretas y más eficientes, para influir en la política, dijo Thurber.

“Hay que seguir el rastro del dinero”, comentó. “Si se está aumentando el dinero para albergar a los inmigrantes ilegales entonces ello implica un enorme cambio de política”.

Entre los principales beneficiarios de las contribuciones de campaña están:

— El Partido Republicano. Los comités nacionales y congresionales recibieron alrededor de 450.000 dólares. Los demócratas recibieron menos de la mitad de eso.

— El senador republicano por Arizona John McCain. Recibió unos 71.000 dólares, mayormente durante su candidatura presidencial del 2008, después de que él retiró su apoyo a una ley que le hubiera dado la posibilidad a los inmigrantes ilegales para obtener la ciudadanía.

— El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, recibió 63.000 dólares.

–El representante Hal Rogers, republicano por Kentucky, recibió aproximadamente 59.000 dólares. Rogers fue presidente del primer subcomité de seguridad nacional y es actualmente presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. Suele criticar al ICE por no practicar más detenciones.

–El ex líder de la mayoría republicana en el Senado Bill Frist, con 58.500 dólares. Frist, legislador por Tenesí, donde la CCA tiene su sede, fue titular del Senado en los años cuando hubo más detenciones de inmigrantes, de 2003 a 2007.

Más que aportes de campaña, las empresas dedicaron la mayoría de su dinero a las actividades de persuasión política en Washington, con un máximo de 5 millones de dólares en el 2005.

El poder político de las compañías a nivel estatal es semejante al que ejercen en Washington, aunque a ese nivel es más difícil rastrear el dinero ya que muchos estados como Arizona e Illinois, donde las compañías han conseguido grandes contratos, no requieren divulgar el origen del dinero.

El ICE está tratando de mejorar sus labores de supervisión y recientemente canceló planes para que la CCA construya un centro de detención de 1.500 camas en un acaudalado suburbio de Miami donde la medida desató protestas.

Sin embargo, el ICE mantiene su compromiso de agregar más celdas para los centros de detención privados, como por ejemplo en Newark, Nueva Jersey, en los suburbios de Chicago y en medio del desierto de Mojave en California.