(AP) — El gobierno de El Salvador levantará un registro oficial de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote, perpetrada por un batallón del ejército en 1981, en la que murieron 966 personas.

Este censo ayudará a establecer los programas y medidas de reparación para la población afectada por este crimen de lesa humanidad, declaró el martes el director de Derechos Humanos de la cancillería salvadoreña, David Morales al hacer el anuncio oficial.

El registro de víctimas es una de las medidas de reparación que el presidente Mauricio Funes anunció en el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz el 16 de enero. “Este es un momento histórico en el cual el gobierno actual rompe esa posición de negación de la historia, decide aceptar su responsabilidad y reconocer los derechos inderogables de las víctimas y sobrevivientes”, manifestó Morales al reunirse con el equipo encuestador.

Las medidas de reparación buscan, entre otras cosas, brindar un sentido de alivio a las víctimas, darles acceso a oportunidades de desarrollo y a servicios sociales, así como apoyarlas en la recuperación de la memoria histórica, explicó Morales.

Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, alrededor de un millar de personas fueron asesinados en El Mozote y otros caseríos aledaños, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, durante la guerra civil (1980-1992), en el departamento de Morazán, al este del país.

Los soldados, entrenado en los Estados Unidos, ingresaron a la zona en busca de unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero mataron a cuanto civil encontraron en el lugar.

Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia y luego procedieron a incendiarla.

El informe de una comisión de la verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1993 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) horas antes de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.