Esther Cepeda

Columnista

Un derroche sin sentido y cruel. ¿De qué otra manera se podría describir la ridícula batalla que está librando Felipe Montes para reunirse con sus tres hijos nacidos en Estados Unidos? Desde su deportación, los niños fueron atrapados en el sistema de familias de acogida y corren el riesgo de pasar a ser candidatos para la adopción.

Montes, que vivió en Estados Unidos ilegalmente durante casi 10 años, fue enviado de vuelta a México en 2010, después de haber sido sentenciado a probatoria, tras un arresto por manejar con la licencia y el registro vencidos y sin seguro de automóviles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) lo detuvo cuando reportó a la probatoria.

En circunstancias normales, los hijos de Montes hubieran sido colocados bajo el cuidado de familiares de Montes. Pero como no había ningún pariente que pudiera ocuparse de ellos, los trabajadores sociales se llevaron a los niños, todos menores de 7 años, y los separaron en diversas familias de acogida. Ahora, el estado de Carolina del Norte no permite que Montes reclame a sus hijos, sólo porque está en México.

Según un informe de Associated Press, los funcionarios de ICE expresaron que no se comunicaron con los Servicios de Protección del Menor de Carolina del Norte, porque no es su trabajo llamar a funcionarios de bienestar social cada vez que se detiene a un progenitor, y señalaron que no tienen una política establecida para tratar con las entidades de bienestar de menores.

Éste no es un mero accidente. El otoño pasado el Applied Research Center (ARC), un instituto que estudia políticas públicas sobre justicia social, con sede en Nueva York, detalló en un informe que 5.100 niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres se ven detenidos por inmigración ilegal, tienen “muchas probabilidades” de perderse en el sistema de familias de acogida, incluso cuando sus padres desean cuidar de ellos, una vez que vuelven a su país de origen.

Esa separación de los hijos generalmente sucede porque los padres, que están efectivamente en prisión, no pueden cumplir con las normas para probar que un padre es apropiado para el cuidado de sus hijos. Según ARC, los padres suelen estar detenidos a un promedio de 370 millas de distancia de los hijos, sin contar con una manera de participar en las decisiones sobre el bienestar de ellos ni poder cumplir con planes de reunificación.

Ésa es la cruel posición adoptada por el Departamento de Servicios Sociales de Sparta, Carolina del Norte, cuando trata de cortar todos los derechos de padre de Montes. Tal como reportó AP, la entidad cree que los niños estarían mejor con una familia de acogida, que en México con su papá y su familia, porque él vive en un pequeño pueblo y su residencia, aunque cuenta con un refrigerador, TV de satélite, un horno a microondas, lugar para jugar y una escuela cercana, carece de agua corriente.

El hombre fue deportado después de haber sido condenado por violaciones de tránsito.

“No hay ninguna prueba de que haya usado drogas alguna vez, no hay pruebas de embriaguez ni DUI. El estado no tiene ningún testigo para sostener que hubo abuso o negligencia”, me dijo Donna Shumate, la abogada de oficio de Montes. “Básicamente, están diciendo que el mismo acto de ser deportado es un delito –que no lo es– y que él no es un padre apropiado porque está viviendo en México”.

Los funcionarios de ICE me lo dijeron con toda claridad, “Para los padres cuya deportación ha sido ordenada, son ellos los que deciden si reubicar o no a sus hijos con ellos.”

Obviamente, el cerebro parece derretirse cada vez que la inmigración ilegal entra a jugar como factor en un caso. Pero esperemos que alguien en Carolina del Norte tenga el sentido común de detener esta cruel y costosa locura, y respetar el derecho a permanecer con sus padres, dondequiera que sea, de niños nacidos en Estados Unidos.