RAY HENRY
The Associated Press
El Congreso federal debe elaborar un programa nacional de trabajadores huéspedes que los agricultores puedan utilizar más fácilmente ahora que varios estados tienen leyes contra la inmigración ilegal que han causado escasez de mano de obra en el campo, sugirió el martes el principal funcionario de agricultura de Georgia.
El comisionado de Agricultura Gary Black presentó esa recomendación, la más importante, en un informe que los legisladores estatales le solicitaron el año pasado cuando aprobaron rigurosas leyes contra los inmigrantes sin autorización para estar en Estados Unidos, al igual que sus colegas de Arizona, Alabama y otros estados.
Los grupos prominentes de cabildeo en el sector agrícola de Georgia se opusieron a esas leyes al señalar que el asunto de la inmigración corresponde al gobierno federal y que una ofensiva enérgica ahuyentaría a los trabajadores migrantes que son necesarios para levantar las cosechas en el sector económico más grande del estado.
La principal sugerencia de esos grupos se hace eco de las persistentes críticas de los agricultores que consideran rígido y caro el programa federal de trabajadores huéspedes, un reclamo que se tornó más urgente cuando varios gobiernos estatales lanzaron operaciones contra los inmigrantes sin permiso en el país.
El reporte de Black podría resultar muy decepcionante para los legisladores si esperan acciones sencillas para aliviar la inquietud en el sector agrícola.
“La única respuesta yace en las perspectivas de un programa de trabajadores huéspedes del siglo XXI a nivel federal que satisfaga las necesidades de todos los tipos de empresas agrícolas”, enfatizó Black en rueda de prensa.
La ley de inmigración en Georgia hace más difícil conseguir empleo para los inmigrantes sin autorización en el país. Algunos agricultores han advertido que ahora batallan para encontrar los trabajadores necesarios para cosechar cultivos de cebollas y pepinos, cuya delicadeza dificulta el levantarlos con máquinas.
El funcionario afirmó que varios agricultores estiman que la nueva ley les ha causado pérdidas por 10 millones de dólares debido en mayor grado a que los sembradíos no son levantados por escasez de mano de obra.
