Yadira Cruz

Agencia Reforma

En este fraccionamiento, el más afectado por las lluvias del domingo 6 de septiembre, se conformaron dos grupos de colonos que iniciaron sus procesos legales con diferentes despachos, no obstante, hasta el momento ninguno de los procesos ha sido resuelto. El primer grupo, con 351 querellas integradas, acusa que ha habido retraso de la actuación de las autoridades.

“Se está haciendo un proceso demasiado lento en donde también estamos ratificando acá en (los Juzgados de) Barrientos, a cuenta gotas, ha habido inclusive cuestiones del despacho para presionar quejas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ven que hay una morosidad aparentemente provocada”, denunció Armando García, uno de los demandantes.

Incluso, los inconformes con los apoyos entregados por las autoridades se organizaron días después de la contingencia en una asociación civil, denominada Revive Valle Dorado, de la cual fue disuelta su mesa directiva este año.

“Es una demanda penal contra Conagua y quien resulte responsable, por los daños de la fractura provocada en el Túnel Emisor Poniente”, añadió García.

A través del despacho Díaz-Sosa los involucrados invirtieron 300 mil pesos para todo el proceso, monto que estiman será mayor al concluir el caso.

El segundo grupo, que aglutinó unos 85 afectados, ya recibió una resolución negativa por parte de la Conagua y está integrando la impugnación.

“Conagua dio por recibido nuestro proceso, pero nos negó la posibilidad de la indemnización”, detalló Raúl Nava, uno de los vecinos de la calle Edimburgo. Por medio del bufete Castrejón y Asociados, se inició un proceso por la vía administrativa, es decir, directamente con la Conagua.

Hasta ahora, cada uno de los que se integraron a este grupo han gastado alrededor de 10 mil pesos o más por los documentos y peritajes incluidos en cada expediente. Según cálculos del Comité Pro Dignificación Valle Dorado, surgido tras la inundación, las pérdidas de los colonos van de entre 300 mil y millón y medio por vivienda. Hoy, a dos años del siniestro, los afectados señalan que no se han recuperado al 100 por ciento en sus bienes y pese a los pocos avances del proceso, ambos grupos tienen la intención de continuar hasta el final.

“No vamos a cejar porque fue una parte muy importante de nuestro patrimonio la que se dañó, vamos a continuar, tenemos que continuar con el aspecto judicial, esperamos que se den cuenta de la necesidad de indemnizarnos al 100 por ciento”, aseguró García.