Esther Cepeda

Columnista

CHICAGO – Draconiano. Extremado. Peligroso. Defectuoso.

Éstos son algunos de los términos utilizados para describir el programa del Departamento de Seguridad del Territorio, Secure Communities (Comunidades seguras), que, si no lo ha hecho ya, pronto operará en una comunidad cercana a la suya.

En una asombrosa derrota para los defensores de los derechos migratorios, quienes estaban celebrando en junio, que varios estados, incluyendo, Illinois, el de Barack Obama, declararan que ya no participarían en dicho programa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) anunció, la semana pasada, que estaba eliminando todos los memorandos de acuerdo con jurisdicciones individuales —para enviar el claro mensaje de que el programa no es voluntario y no puede rechazarse.

Muchas organismos de seguridad no están contentos. Han quedado atrapados en los vientos del capricho político —desde instarlos a hacer la vista gorda al impacto de la inmigración ilegal en la comunidad, a tener que responder a exigencias que, expresa la policía, abrieron una brecha en sus relaciones con la comunidad y además costaron dinero que nunca se reembolsó. En 2007, ICE expresó inicialmente a los organismos que se registraran voluntariamente al programa y optaran por salirse, si fuera necesario. Después ICE cambió de parecer, mientras perseguía el objetivo de registrar a todos los organismos de seguridad de todos los estados para 2013.

Pero el programa, que identifica a inmigrantes ilegales sobre la base de huellas dactilares que la policía local compara con datos del Departamento de Justicia, del FBI y del Departamento de Seguridad del Territorio, es odiado por algunos inmigrantes y activistas por ayudar a deportar a inmigrantes ilegales sin condenas penales serias. Los defensores de los inmigrantes ilegales expresan que, aunque originalmente se creó el programa para deportar sólo a los delincuentes más violentos y peligrosos, también se está enviando a casa a víctimas de delitos y a inmigrantes que cometieron “delitos menores”.

Pero aparte de estos activistas defensores de inmigrantes, muy pocos tiene quejas sobre Secure Communities y he aquí el motivo: los residentes de cualquier comunidad determinada, por liberal y abierta que sea a las olas migratorias, desean que los que han cometido cualquier tipo de delito se vayan.

La gente de este país adora y celebra la mitología de que los inmigrantes forjaron los Estados Unidos que amamos hoy en día —hasta que un día, volviendo a casa del trabajo, un inmigrante ilegal, conduciendo sin licencia y sin seguro, los choca y después se escapa. No es que la categoría legal sea el problema. El instinto de protección de evitar al delincuente se aplica a todo delito, mayor o menor —si le preguntan a cualquier persona, ésta les dirá que tampoco desea cerca de ella a infractores de la ley nacidos en Estados Unidos.

Las estadísticas que muestran que “sólo” alrededor del 40 por ciento de los que han sido barridos por Secure Communities había cometido anteriormente delitos violentos serios tiene poco peso para un público estadounidense que desea que todo el que cometa cualquier tipo de delito sea procesado con la máxima severidad de la ley.

¿Quieren repercusión? Comiencen a hablar sobre cuál es el coste de este programa obligatorio para las fuerzas de seguridad y para las comunidades que protegen. Varios líderes del ámbito de la seguridad me indicaron que consideran que la criminalidad aumentará en sus comunidades, si se los obliga a concentrarse en asuntos de inmigración no-prioritarios, abandonando su foco sobre las amenazas más violentas y omnipresentes.

Pero hasta eso podría ser exagerado para el habitante promedio. Según una encuesta de septiembre 2010, realizada por Quinnipiac University entre electores registrados del todo el país, casi el 70 por ciento dijo que la reforma migratoria debería concentrarse en la aplicación de las leyes ya establecidas en los libros para combatir la inmigración ilegal.

Agreguemos esto a la mezcla: La principal queja sobre las diversas leyes anti inmigración ilegal, que han sido aprobadas recientemente o que se están abriendo paso en las legislaturas de los estados, es que representan un enfoque parcial para un problema que debe ser abordado correctamente en el ámbito federal. Secure Communities hace exactamente eso.

No hay duda de que el programa tiene serios defectos. Fue, en un comienzo, agregado a las responsabilidades ya existentes de los organismos de seguridad estatales y locales hacia sus comunidades—no es una buena manera de iniciar una sociedad.

Y con el objetivo de cazar a lo peor de lo peor con presupuestos y personal limitados, no hay excusa para que víctimas de delitos, sin antecedentes penales y sin “papeles”, tengan que pasar por esa dura experiencia.

Parece que Secure Communities seguirá en vigor. Sería importante que los que están interesados en mantener la criminalidad baja en su comunidad presten atención a este programa y a su progreso en su comunidad, e insistan en que sus representantes electos hagan todo lo posible para asegurar que los objetivos declarados del programa se persigan, a diferencia de cómo se lo ha hecho hasta el momento, en forma práctica, transparente y uniforme.

La dirección electrónica de Esther J. Cepeda es estherjcepeda@washpost.com.