Manuel Valdes

The Associated Press

La crisis económica por lo que atraviesa el estado, esta presionando a los legisladores a retomar el debate sobre los inmigrantes, forzando a un estado históricamente amistoso con las personas que llegan de otros países, a considerar recortes que afectarán a grandes segmentos de inmigrantes legales e ilegales.

Los recortes que han sido propuestos requieren una aplicación más estricta de las leyes migratorias, especialmente el proyecto de ley que obligaría al estado a pedir prueba de residencia legal para obtener una licencia de conducir.

“Mi punto, es que nosotros hemos pasado por alto y hemos ignorado—ahora debemos tomar una decisión: ¿El público cree que es una prioridad proveerle beneficios a las personas que son indocumentadas?”dijo el Senador Joe Zarelli, R-Ridgefield, el jefe de presupuesto del Partido Republicano. “Creo que es tiempo de analizar las prioridades y definir qué podemos pagar”.

Desde los campos de arándano en el Condado de Skagit hasta las oficinas de alta tecnología en Microsoft, trabajadores inmigrantes, tanto legales como ilegales, fortalecen la economía de las industrias de nuestro estado. Sin importar su status de legalidad o no, los inmigrantes contribuyen a la fuente principal de ingresos del estado— los impuestos de venta – cada vez que compran algo.

“En un año, el estado de Washington ha pasado de ser un líder en materia de inmigración a convertirse en un ambiente hostil para

los inmigrantes y sus familias”, decía un correo electrónico de OneAmerica, el grupo más grande de defensa de inmigrantes en el estado, a sus seguidores, pidiéndiéndoles que testifiquen en contra de los proyectos de ley de licencias de conducir.

Durante la sesión legislativa, los diputados han tenido dos trabajos cruciales con el presupuesto: Necesitan cerrar un déficit de más de medio billón de dólares en el presupuesto suplementario, para este año fiscal, que concluye en junio, y necesitan proyectar un presupuesto para el 2011 -2013 que cierre un monto de $4.6 billones.

La propuesta de la Gobernadora Chris Gregoire, la cual marca el ritmo de la sesión, recorta más de la mitad de una docena de programas que ayudan directamente a los inmigrantes—desde clases para hacerse ciudadano, hasta la transferencia de presos inmigrantes indocumentados del estado a custodia federal.

Las dos principales propuestas para los próximos dos años, son las siguientes: El recorte a la cobertura médica para aproximadamente 27,000 niños cuya situación jurídica no esta clara en el Programa de Salud para Niños. Esto ahorraría $59 millones. La eliminación del Programa de Asistencia Alimentaria, la cual provee estampillas de comida para inmigrantes legales, esta propuesta ahorraría al estado $45 millones.

“En la última década, Washington ha reconocido que los inmigrantes pagan impuestos, y trabajan duro”, dijo Jon Gould, director ejecutivo de Children’s Alliance, un grupo de defensa. “Estoy muy preocupado ahora, que estamos a punto de perder estructuras públicas importantes que permiten que los inmigrantes contribuyan al estado”. Este es el tercer año consecutivo en que una sección del Programa de Salud para Niños ha sido propuesta para recortes, pero es la primera vez que los niños que puedan estar indocumentados en el país son señalados, dijo Gould.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha enviado miles de cartas a padres de niños que participan en el programa de salud, advirtiéndoles que el estado talvez ya no cubra los gastos médicos de los niños indocumentados.

Las propuestas de Gregoire y los proyectos de ley en contra de las licencias de conducir para personas sin documentos, han enviado a organizaciones que abogan por los derechos de los indocumentados a Olympia. Pero en una economía tan mala, el abogar por programas que atienden a personas indocumentadas, puede ser difícil.