(AP) — Por tercer año consecutivo, las autoridades oficiales de Washington quieren ahorrar dinero al entregar a algunos presos que se encuentran ilegalmente en el país bajo custodia federal – básicamente agilizar que sean deportados.

Los legisladores, el lunes, escucharon una propuesta del Departamento de Correccionales que facilitaría la forma en la que los presos condenados por delitos no violentos puedan ser transferidos en custodia a inmigración.

Sin embargo, defensores de los inmigrantes advirtieron que la forma en que el proyecto de ley esta escrito podría perjudicar tanto a los inmigrantes que están en este país legalmente como aquellos que están de manera ilegal.

La propuesta, la cual forma parte del presupuesto de la Gobernadora Chris Gregoire, se estima que ahorrará un total de $3 millones durante los próximos dos años. Los legisladores enfrentan un déficit en el presupuesto de $4.6 billones. El ahorro estimado para el departamento estuvo basado en el promedio de 150 presos que calificarían bajo el proyecto de ley y el tiempo que estarían bajo el sistema judicial del estado.

“La política es que si el individuo va a ser deportado de todas maneras, y no va a estar en nuestra comunidad, para qué gastar dinero encarcelándolo hasta que termine su sentencia”, dijo Scott Blonien, secretario asistente en el departamento de correccionales.

Él agregó, que el proyecto de ley solo afectaría a inmigrantes quienes han recibido “una orden final para ser deportados”, la cual llega cuando un juez federal de inmigración ordena la salida del país de la persona.

Bajo esta ley, Blonien dijo, una orden de detención es expedida en contra del prisionero una vez que esta bajo la custodia de ICE; de esta manera, si la persona decide regresar al país y es arrestada de nuevo, sería enviada a Washington donde terminaría de cumplir su condena. Esta medida modificaría parte de la ley que existe ahora, la cual requiere que un juez y fiscal firmen el traslado. Para subrayar su punto, Blonien dijo en una audiencia del comité House Ways & Means.

Jorge Barón, director ejecutivo de Northwest Immigrant Rights Project, una organización que provee servicios legales a inmigrantes en la detención de Tacoma, dijo que el proyecto de ley no se limita a personas indocumentadas, sino que podría afectar a refugiados y residentes permanentes, quienes podrían ser deportados después de ser convictos.

“Nuestra preocupación es que este proyecto de ley, no incluye ninguna protección para los individuos quienes podrían apelar el hecho de ser deportados, aun cuando haya una orden final para tal fin”, dijo Barón, agregando que en algunas ocasiones hay personas por quienes una orden final para ser deportado es emitida en su ausencia.

Barón estaba trabajando con legisladores para presentar una enmienda que agregaría un aviso de 30 días antes de la trasferencia, para así darle tiempo al preso a ver si puede apelar la decisión.