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He visto en su edición del 15 de Octubre, bajo el título: “Chile: Misión Cumplida”

Un comentario en el que se acusa al gobierno anterior de Chile [liderado por Michelle Bachelet] de no haber actuado prontamente cuando sucedió el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.

Comparar la situación del terremoto y el rescate de los mineros en sí es aberrante, y conlleva el único propósito de desprestigiar al exgobierno de la Presidenta Bachelet, pues en las primeras horas de acaecido el terremoto, Chile quedo sin comunicaciones, sin vía de transporte y en muchos casos, ni helicópteros podían llegar a ciertas áreas del desastre.

13 días después del terremoto, el gobierno del Señor Piñera tomó posesión de su mandato en Chile y pasaron más de 60 días antes de que efectivamente se tomara control de la situación pos terremoto, y aún así, todavía hay lugares rurales donde no ha llegado la ayuda necesaria para restablecer la vida normal de esos lugares.

No queremos negar la efectiva participación del gobierno del Señor Piñera en el jubiloso rescate de los mineros y eso nos parece bien, pues indudablemente, ayudó al éxito de la operación, y tal vez lo mas importante, se pudo financiar sin contratiempos toda la costosa operación. Pero tampoco podemos negar que solo siete días antes de el derrumbe de la mina San José, se había notificado al Ministerio de Minería de las condiciones de alta inseguridad que existían en esa mina y no se hizo ninguna gestión para parar las operaciones y los trabajadores siguieron siendo prácticamente obligados a entra a la mina.

Al mismo tiempo que los mineros estaban atrapados en la mina San José, 32 personas de origen Mapuche, la etnia más numerosa en Chile, se encontraban prisioneros y realizaban una huelga de hambre [que se prolongó por más de 55 días] como grito desesperado para llamar la atención a una situación intolerable producto de una larga historia de marginación, exclusión y discriminación; que bajo el actual gobierno chileno se ve agravada por la militarización en la zona bajo la excusa de la llamada Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado. Solo ante una demanda del Parlamento Europeo y de varias organizaciones humanitarias, vino el gobierno chileno a prometer una reforma de la justicia militar y de las leyes antiterroristas.

Indudablemente el rescate de los mineros atrapados tuvo mucho más publicidad que la huelga de los Mapuches, lo cual es entendible, pero los dos hechos conllevan un contexto de los Derechos Humanos que no debemos olvidar. Creemos que los lectores de “La Raza” merecen saber de opiniones diferente, pues es esa la única forma de estar correctamente informado.

Cordialmente: Lector.

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