WASHINGTON (AP) — En Arizona, el asesinato de un hacendado generó indignación y ayudó a sacar adelante una severa ley de inmigración. Un malestar similar está haciendo ebullición en Virginia tras la muerte de una monja católica en un accidente de tránsito que involucró a un individuo indocumentado, acusado de manejar en estado de ebriedad.

Las Hermanas Benedictinas de Virginia han dicho que no quieren que se use la muerte de la monja Denise Mosier “como un foro sobre la inmigración ilegal” y pidieron que la gente se enfoque en “la orden de Cristo de perdonar”.

“La misión de las hermanas es llevar paz y amor”, expresó Corey Stewart, director de la junta de supervisores del Prince William County. “Mi misión es hacer cumplir las leyes y proteger la seguridad pública”.

Este condado, 40 kilómetros (25 millas) al sudoeste de Washington, registró un enorme crecimiento de la población hispana en tiempos recientes y comenzó a figurar prominentemente en el debate en torno a los indocumentados en el 2007, cuando instruyó a la policía que corrobore el status migratorio de toda persona arrestada bajo sospecha de haber cometido un delito.

Stewart, quien promovió esa medida, volvió a la carga tras el accidente en que falleció la monja, emitiendo un comunicado en el que dijo que el presidente Barack Obama, la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano y los miembros del Congreso “tienen sangre en sus manos” por no haber hecho lo suficiente para frenar la llegada de indocumentados.

Al día siguiente del accidente, el procurador general de Virginia Ken Cuccinelli II opinó que la policía tiene autoridad para averiguar el status migratorio de toda persona detenida, como estipula la nueva ley de Arizona que actualmente analiza un tribunal federal.

En Arizona se aprobó esa ley después de que el hacendado Robert Krentz murió de un balazo mientras revisaba el sistema de irrigación de su propiedad cerca de la frontera con México. Las autoridades creen que fue asesinado por alguien relacionado con el narcotráfico, pero todavía no concluyó la investigación.

El individuo acusado por el accidente es Carlos A. Martinelly, un boliviano de 23 años que ya había sido condenado en dos oportunidades por manejar en estado de ebriedad. En el primer incidente se lo excusó de cumplir una sentencia de 30 días en la cárcel y en el segundo fue condenado a un año, pero un juez le hizo cumplir apenas 20 días de prisión.

Las autoridades lo entregaron al servicio de inmigración tras el segundo incidente, pero estaba en libertad a la espera de que se ventilase su caso.

El gobierno se está enfocando en la deportación de indocumentados con antecedentes penales. Las deportaciones de personas sin antecedentes han disminuido en el último año y algunos sectores critican al gobierno de Obama por esa merma.

Casi la mitad de los 292.663 indocumentados deportados hasta el 22 de julio fueron considerados delincuentes. En el 2009, solo el 35% de los deportados tenían antecedentes policiales.

El servicio de inmigración tiene flexibilidad para liberar indocumentados si no los considera un peligro para la sociedad y si estima que se presentarán a las vistas sobre sus casos.

40,000 Deportados

WASHINGTON (AP) — Unas 47.000 personas han sido removidas o deportadas de Estados Unidos después que el Departamento de Seguridad Nacional revisó tres millones de juegos de huellas dactilares tomadas de los registros carcelarios locales. Aproximadamente una cuarta parte de los expulsados del país no tenían antecedentes delictivos, según datos del gobierno.