NUEVA YORK (AP) — Los cierres y demandas a empresas que estafan a hispanos con promesas falsas de facilitarles trámites migratorios se dispararon a mediados del 2009 y registraron sus cifras más altas en los últimos meses, según documentos públicos de la oficina del procurador general del estado de Nueva York.

Las investigaciones de estos delitos duraron varios meses, pero es ahora que se están recogiendo los frutos.

“Mientras continuamos investigando y procesando judicialmente a los proveedores de servicios de inmigración fraudulentos y educando al público sobre sus prácticas, incrementamos la concientización y más víctimas se presentan ante las autoridades”, dijo Alphonso David, viceprocurador especial para los derechos civiles.

En el 2010, las autoridades actuaron contra al menos 21 organizaciones e individuos que engañaron a inmigrantes prometiéndoles tarjetas de residencia y hasta la ciudadanía estadounidense. En la actualidad, están investigando a más de 100 individuos y empresas por estafar a inmigrantes en el estado de Nueva York.

El aumento de estas acciones está relacionado con una fuerte campaña anunciada por el procurador Andrew Cuomo en mayo de 2009, la cual busca eliminar el fraude a inmigrantes. El trabajo se realizó a través de la nueva Unidad Contra el Fraude en los Servicios de Inmigración.

Sin embargo, el alto número de cierres también demuestra la elevada incidencia de este tipo de delitos en comunidades inmigrantes. Los culpables muchas veces son hispanos que se han ganado la confianza de sus compatriotas, quienes les han llegado a pagar hasta 15.000 dólares por servicios de tramitación que nunca se llevaron a cabo.

Varios fallos judiciales han obligado, en lo que va del año, a organizaciones e individuos a pagar más de 10 millones de dólares en multas y restitución a víctimas.

Entre ellas está la Inmigration Community Service Corporation, en Manhattan; la Federación Americana del Inmigrante, que tenía a más de 20.000 clientes; Misión Hispana, en Queens; Centro Santa Ana Inc., en Queens; y Oficina Legal para Hispanos, en Manhattan.

Angela Fernández, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos del Inmigrante en el norte de Manhattan, dijo que lleva años viendo a hispanos entrar a su oficina para denunciar una estafa.

“Pero ahora hay un mayor interés del sistema de justicia y las autoridades para proteger a la comunidad inmigrante de gente que comete fraudes”, dijo Fernández. “Creo que se debe a que más inmigrantes acceden a posiciones de poder, que se comparte más información y que se muestran más estos delitos”.

En un comunicado de la oficina del procurador dijo, “Este era un negocio que ganó millones explotando los sueños de la comunidad inmigrante.