Cindy Arriola

La Raza del Noroeste con ayuda de la AP

Las reacciones sobre el fallo de la juez federal Susan Bolton no se hicieron esperar en Seattle. En un comunicado de prensa, Casa Latina dijo aplaudir la decisión de la juez en detener el tan controversial “racial profiling” o discriminación por perfil racial. Sin embargo, ellos dijeron que hasta que la SB 1070 no sea abolida no podrán cantar victoria.

La decisión de la juez trajo alivio a gran parte de la población que estaba en contra de las medidas que ésta impondría. Aunque la ley entró en vigor, muchas de las disposiciones que enfurecían a los opositores, no serán ejercidas. Éstas incluyen secciones donde se le requiere a los agentes a comprobar si los sospechosos residen legalmente en el país.

La juez Bolton dejó partes de la ley indefinidas como la que obligaría a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento, y que hacía ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajos en lugares públicos. Bolton declaró que esas partes quedaran pendientes hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.

El fallo se produjo justo cuando la policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones contra la medida. Según la Prensa Asociada, muchas de estas manifestaciones probablemente serán canceladas, debido al fallo de Bolton.

La juez se ha convertido en una figura de gran importancia en el debate de inmigración, al minuto de ser asignada como la juez de las siete demandas presentadas contra la ley de Arizona.

Las organizaciones pro-inmigrantes de Seattle llevaron acabo una reunión en Casa Latina el pasado jueves. Carlos Marentes, organizador con el Comité Pro-Reforma Migratoria y Justicia Social y parte del panel dijo que muchas personas sienten que esta ley no les afecta por las millas que separan a Seattle de Arizona, pero él dijo que ordenanzas similares a las de Arizona se han estado contemplando en éste estado desde hace 8 años.

“Se han hecho intentos por diferentes organizaciones…para criminalizar a personas inmigrantes [indocumentadas], bajo un perfil racial,” dijo Marentes. “Han tratado de reunir firmas para que estas iniciativas lleguen a la boleta electoral.”

La reciente iniciativa I-1056, no reunió suficientes firmas para estar en la boleta este año. Pero el grupo Respect Washington, quienes patrocinan la iniciativa, pusieron en su página cibernética que intentarán reunir las suficientes firmas el año entrante. La I-1056 negaría la licencia de conducir a cualquier persona que sea inmigrante indocumentado. Hasta ahora, el estado de Washington es uno de tres estados que extiende licencia a todas las personas. Esta ordenanza también negaría beneficios públicos, que no son de emergencia, incluyendo el ganar la lotería y asistencia universitaria. También obligaría a todos los empleadores, ya sean públicos o privados, a usar el sistema de verificación, E-Verify, y permitir que la policía asista a autoridades de inmigración.

Marentes dijo que estas leyes son similares a las de Arizona, al usar la policía local como oficiales de inmigración. Él agregó que el area de Bellevue, Kirkland, Issaquah, Sammamish, Redmond, son lugares conservadores, donde los residentes piensan que el problema de la economía y la seguridad nacional es la inmigración ilegal. Los residentes conservadores, él dijo, son los que están haciendo todo este movimiento.

“Queremos que la gente sepa que lo que está pasando en Arizona no es nada nuevo. Esto es algo que se ha intentado durantes los años. Arizona es lo visible, pero esto esta pasando en todos los Estados Unidos,” dijo él. “En el momento que pensamos que estamos seguros y bajamos la guardia, algo pasa. Este es el caso en Arizona. Esta política viene desde los años 80.”

Los panelistas de la noche, que incluía una activista de Arizona Dra. Silvia Herrera, investigadora del proyecto Puente de Arizona y tres miembros de Casa Latina: Daniel García, Ana Vázquez y Mario García.

“No estamos reconociendo la SR 1070 como una ley, es un acto de racismo es una condición de odio,”dijo Dra. Herrera. “No podemos permitir que un estado le hago daño a la familia.”

Los panelistas reconocieron que por falta de acción por parte del gobierno federal, en reformar las leyes migratoria, los estados están tomando decisiones por si mismos.