TACOMA, Washington, EE.UU. (AP) — Paulo Sergio Alfaro Sánchez, un inmigrante ilegal en un centro de detenciones en el estado de Washington, no tenía ni idea de que el gobierno federal le iba a contar en el censo.

Pero fue contado, junto con otros inmigrantes ilegales que enfrentaban deportación en centros de detención en todo el país —unas 3.000 personas en un día cualquiera_, de acuerdo con cifras de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Para cuando el censo entregue las cifras totales al gobierno, la mayoría de esos inmigrantes ya van a estar fuera de Estados Unidos. Pero como el censo determina la asignación de fondos federales, el hecho de que los detenidos hayan sido contados pudiera ayudar a llevar dinero a pueblos, ciudades y condados en Texas, Arizona y Georgia, donde están ubicados los centros de detención de inmigrantes más grandes del país.

“Pienso que lo que es irónico, si es que hay algo irónico en esto, es que la localidad es la que se va a beneficiar, porque se tiene un centro de detenciones en una ciudad particular al que han sido llevadas personas de diferentes partes de la región, y esa comunidad se va a beneficiar”, dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO, por sus siglas en inglés), que ha alentado a los hispanos a participar en el censo.

Este censo es diferente. Por primera vez, los estados tienen la opción de contar a personas que se encuentran en centros de detención y prisiones como si aún estuvieran residiendo en su domicilio más reciente antes de ser detenidas, lo cual preocupa a algunos legisladores locales, que dicen que ciudades y condados que tienen centros de detención pudieran perder dinero.

“Los centros de detención y prisiones probablemente deberían contar (a la gente) donde están ubicados; es ahí donde los recursos serían requeridos”, dijo el representante demócrata Sanford D. Bishop en una carta en mayo al presidente del subcomité que supervisa el censo.

Bishop representa al condado Stewart, de Georgia, con una población de 4.600 personas, en el que está el mayor centro de detenciones del país, el cual albergó a un total de 14.000 detenidos entre abril del 2007 y marzo del 2008.

El ICE opera 22 centros de detención y además tiene a detenidos en otros centenares de prisiones y cárceles. La mayoría de los centros grandes están en pequeñas comunidades en Texas, Arizona y Georgia. Texas tiene seis centros y Arizona tres.

Algunos poblados pequeños pueden recibir una contribución económica considerable. Por ejemplo, en Raymondville, Texas, un pueblo de casi 10.000 habitantes, el Centro de Detención Willacy tiene una población diaria de unos 1.000 detenidos.

Ahora, la población del Willacy podría elevar la cifra total de habitantes del pueblo por encima de los 10.000, lo cual le da derecho a Raymondville a recibir más ayuda federal.