SANTIAGO DE CHILE (AP) — Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, carece de normas fundamentales para evitar colapsos de edificios y el devastador terremoto de febrero evidenció la urgente necesidad de contar con una inspección técnica de las construcciones en altura y de una revisión geológica de los suelos.

La gran mayoría de los edificios nuevos sobrevivieron al devastador terremoto de magnitud 8,8, pero hubo daños severos en alrededor de 40 construcciones que debían soportar un megaterremoto de magnitud 9,0, según el código de construcción. Las razones aún se investigan, pero las lagunas en las normas sísmicas fueron tan evidentes que ahora la industria constructora está dispuesta a aceptar un reglamento más estricto.

“Yo diría que el sector de la construcción e inmobiliario no quedó muy bien posicionado frente a la opinión pública, así que creo que hay espacio para avanzar” en una norma de revisión de construcciones, declaró a la Associated Press Rodolfo Saragoni, profesor de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Chile.

Chile aprobó en el 2005 la norma de diseño estructural después de mucha insistencia de especialistas y de diputados de centroizquierda, frente a una tenaz oposición de la poderosa Cámara Chilena de la Construcción y de legisladores derechistas.

“A los sectores de la construcción no les gusta esto porque empiezan a decir que es otro papel más y a alegar que es otro trámite más”, dijo Saragoni, que forma parte del Instituto de la Construcción, formado por especialistas en universidades, la Cámara, el Ministerio de Vivienda y los gremios de arquitectos, ingenieros y constructores civiles.

Los expertos internacionales que visitaron Chile tras el terremoto estaban admirados por lo bien que resistieron la gran mayoría de los edificios, e incrédulos porque en un país tan sísmico no haya una norma obligatoria que establezca cómo deben realizarse las inspecciones mientras se desarrolla la construcción, dijo Saragoni.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet las municipalidades perdieron la facultad de revisar las edificaciones y ahora reciben inspecciones de obras realizadas por terceros acreditados.

La imagen de constructoras e inmobiliarias salió perjudicada tras el terremoto debido al colapso o daños en edificios que debían resistir y a la resistencia de las empresas ante demandas judiciales y pedidos de los inquilinos de que se les devuelva el dinero o que se les reparen los daños.

La Cámara no respondió a llamados ni correos electrónicos solicitándole explicación de por qué se opuso en el 2005 a una regla más dura, y si estaría dispuesta a aceptar una nueva norma.

Frente a la devastación, sectores de todos los colores políticos se mostraron partidarios de hacer más estrictas las normas de construcción.

El terremoto del 27 de febrero y el posterior tsunami arrasaron con decenas de pueblos costeros y dejaron a más de 200.000 familias sin viviendas, 521 muertos, 56 desaparecidos y unos 30.000 millones de dólares en daños, según cifras del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Unas 50.000 familias permanecen en casas de madera de unos 18 metros cuadrados.