Por JONATHAN J. COOPER

PHOENIX (AP) — En teoría, Arodi Berrelleza no debería sentirse amenazado por la nueva ley que busca combatir con severidad la inmigración ilegal en Arizona. Es un ciudadano estadounidense, originario de Phoenix.

Pero el estudiante de 18 años dice que tiene miedo de ser arrestado de todas maneras, si la policía llega a verlo cuando pasea con varios amigos y familiares, algunos de los cuales son indocumentados.

“Si algunos policías los ven y les parece que son mexicanos, van a detenerme”, explicó Berrelleza. “¿Qué pasa si la gente es ciudadana estadounidense? Van a preguntarle si tiene documentos sólo por el color de su piel”.

Las preocupaciones de Berrellezza reflejan las que manifestaban innumerables hispanos en todo el estado, el sábado, un día después de que la gobernadora Jan Brewer promulgó una ley que ordena a la policía interrogar a la gente sobre su estado migratorio —pidiéndole incluso los documentos que acrediten que se encuentra legalmente en el país_.

El interrogatorio y la solicitud de documentos se podrían llevar a cabo tan sólo si una autoridad sospecha que alguien está ilegalmente en la nación.

La nueva ley, que entrará en efecto a finales de julio o principios de agosto, fue elogiada por muchos, incluido el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas severas redadas contra los inmigrantes lo han convertido en un héroe de la comunidad que condena la migración ilegal. En cambio, es un villano para buena parte de los inmigrantes y sus defensores.

Arpaio dijo que la ley le confiere nueva autoridad para detener a indocumentados que no están acusados de cometer ningún otro delito.

“Ahora, si demostramos que ellos son ilegales, podemos arrestarlos y ponerlos en nuestras cárceles”, dijo Arpaio.

La ley actual en Arizona y en la mayoría de los estados no requiere que los policías pregunten el estado migratorio de las personas con quienes se topan. Incluso, muchos departamentos policiales prohiben a los agentes hacer preguntas sobre el tema, por temor a que los inmigrantes se nieguen a denunciar delitos o a cooperar en otras investigaciones.

Ahora, los departamentos policiales cuya forma de trabajar sea considerada laxa respecto de la inmigración ilegal podrían ser sujetos de demandas. La nueva medida endurece también las restricciones sobre la contratación de indocumentados como jornaleros, y castiga a quienes los transporten.

Arizona tiene unos 460.000 indocumentados y es el estado con el mayor número de cruces ilegales en la frontera. El agreste y desolado desierto sirve como la puerta de entrada para miles de inmigrantes, en su mayoría mexicanos y centroamericanos.

Arpaio manifestó su deseo de que el “ejemplo” de Arizona obligue al gobierno federal para emprender acciones que cierren por completo la frontera a los indocumentados. El viernes, el presidente Barack Obama consideró que la nueva ley está “mal encaminada”, y dio instrucciones al Departamento de Justicia para examinarla, a fin de determinar si es legal.

Sin embargo, Obama reconoció también que la incapacidad de promulgar una reforma migratoria federal ha dejado abierta la puerta a “la irresponsabilidad de otros”, en referencia a los propulsores de la ley.

“Vamos a ver que los políticos en Washington mostrarán mucho interés para que se haga algo”, dijo Arpaio. “Creo que ellos tendrán miedo de que otros estados sigan el ejemplo de esta ley que se ha aprobado”.

El presidente de México, Felipe Calderón, dijo el sábado en un comunicado, que su gobierno “condena la aprobación” de la ley.

“La criminalización del fenómeno migratorio, lejos de contribuir a la cooperación y colaboración entre México y el estado de Arizona, representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto”, señaló el comunicado.

Mona Patton, agente de bienes raíces, de 58 años, dijo en cambio que está orgullosa de Brewer y de la Legislatura estatal, por tratar de proteger a la gente de los violentos carteles mexicanos de la droga.

“Cuando los habitantes de Arizona no tenemos seguridad, hay que hacer algo. Tenemos que permitir que la autoridad se encargue de las cosas”, dijo Patton.

Un puñado de manifestantes permaneció frente al Capitolio estatal el sábado por la mañana. Se espera una protesta de cientos de personas el domingo por la mañana.

Otros opositores a la ley se concentraron en Tucson, frente a las oficinas de campaña del congresista federal demócrata Raúl Grijalva, quien se opone a la medida y ha dicho que su personal recibió numerosas llamadas, incluidas algunas de gente que amenazaba con actos violentos y profería insultos racistas.

Brewer ha ordenado que los agentes estatales tomen un curso de entrenamiento, para saber qué factores constituyen una sospecha razonable de que alguien está ilegalmente en Estados Unidos.

Los defensores de los derechos civiles prometieron impugnar la ley ante los tribunales, al considerar que, sin importar lo que prometa Brewer, la ley derivará irremediablemente en abusos por individuación racial.