Maria Elena Salinas

Otra vez los legisladores en Washington van tras los bebés. Quieren quitar los derechos de ciudadanía a los recién nacidos si sus padres resultan ser inmigrantes indocumentados. Como si el bebé eligiera un lugar donde nacer o un sitio al que sus padres se trasladen. Tales propuestas han ocurrido en el pasado, y siempre han sido derrotadas, pero el mero acto de proponer una legislación para negar el derecho a la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados crea divisiones que este país no necesita. Eso sin mencionar que es inconstitucional. El derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la décimo cuarta enmienda.

Los legisladores Republicanos en el Congreso que apoyan la propuesta sostienen que los inmigrantes indocumentados vienen a este país para tener bebés y de esa manera obtener ayuda social. El copatrocinador del proyecto Howard “Buck” McKeon de Santa Clarita, California, dice que la ciudadanía automática es “un incentivo para que la gente venga y rápidamente tenga un bebé.” “Ya que el bebé es un ciudadano, es más difícil devolver la familia al lugar de donde provino,” alega McKeon.

Con todo el respeto debido a los miembros del Congreso, su premisa es tan insultante como arrogante. Ellos asumen que los millones de personas que están en este país sin la documentación apropiada traen un niño a este mundo con el único propósito de conseguir beneficios gratis. Por supuesto no especifican si están hablando de inmigrantes que vienen de Europa, Asia, África o América Latina. Pero es fácil adivinarlo dado que representan a comunidades con números elevados de hispanos.

Debo decir que tomo de manera personal este tipo de propuestas. Durante una buena parte de su vida adulta, mi padre vivió en Estados Unidos sin documentos apropiados. Mis padres fueron muy trabajadores con fuertes valores y nunca tomaron un centavo del gobierno. Mis dos hermanas y yo somos miembros productivos de nuestra sociedad y contribuimos ampliamente con nuestro país.

Los problemas de inmigración de mi padre comenzaron después de que llegara a los Estados Unidos en mayo de 1943. En una carta dirigida al Departamento de Guerra, un año después, explicaba que había venido a este país “a continuar las investigaciones rigurosamente científicas en las especificaciones de la sociología, la filosofía y la historia.”

Mi padre contaba en su carta cómo quince días después de haberse registrado, le dieron una clasificación “1-A,” como si hubiera ingresado al país para inscribirse en el ejército de los Estados Unidos. Sus esfuerzos por apelar a esa clasificación fueron en vano y su solicitud de que se le permitiera regresar a su país le fue negada. Creía que el gobierno lo había llevado a una “trampa.”

La nueva propuesta de ley no afectaría a personas como yo. Permitiría la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos quiénes tienen al menos un padre que está aquí legalmente.

Hay aproximadamente 4 millones de niños que estarían bajo esa categoría. Pero los hijos de padres indocumentados no deberían ser castigados por los problemas legales de sus padres y no todos los inmigrantes indocumentados deben ser acusados de abusar del sistema.

La historia de mi padre demuestra como cada inmigrante indocumentado tiene un juego diferente de circunstancias que lo o la ubican bajo aquella condición.

Tienen que dejar de tratarlos como a invasores criminales y tienen que dejar de atacar a los bebes. Esta no es la manera de mejorar nuestro resquebrajado sistema migratorio.