COLUMBIA, Carolina del Sur, (AP) — La mayor parte de las 330 personas arrestadas el año pasado en un matadero de aves de Carolina del Sur bajo sospecha de no tener papeles han sido deportadas.

Pero la comunidad todavía siente el impacto de las redadas: el juicio del administrador de la planta, acusado de contratar indocumentados a sabiendas, está a punto de comenzar y muchas familias no se han recuperado aún del golpe.

Barry Cronic, administrador de la planta que operaba Columbia Farms en Greenville acusado de contratar indocumentados desde el 2000 hasta que se produjo la redada, se declaró el jueves inocente y quedó a la espera de su juicio.

Lo mismo había hecho la jefa de personal de la planta, Elaine Crump, acusada de mentir en los formularios empleados en las contrataciones. Y la empresa ha sido acusada de hacer la vista gorda pese a saber que sus ejecutivos contrataban indocumentados.

La mayoría de los indocumentados detenidos fueron deportados de inmediato. El procurador Walt Wilkins dice que unos 25 están presos tras declararse culpable de delitos como usar documentos falsos o de haber ingresado al país ilegalmente.

Luego de los arrestos, los residentes de Greenville y distintas organizaciones trataron de ayudar a las familias de los presuntos indocumentados. Agrupaciones religiosas organizaron actos para recibir donaciones de alimentos y consejeros asesoraron a las familias acerca de cómo conseguir abogados e intérpretes.

Ha pasado casi un año y muchas de esas personas siguen tratando de recomponer sus vidas. Martha Lucía Cohen, una inmigrante colombiana, tiene un programa radial en el que todos los días recibe llamadas de decenas a amigos y familiares de las personas detenidas en la redada que dicen que les cuesta mucho salir adelante.

No saben qué va a ser de sus vidas,

expresó Cohen, quien fundó y dirige la organización Horizontes Hispanos (Hispanic Horizons).

“Llaman niños de seis, siete, ocho años y dicen ‘nos sentimos muy tristes, no tenemos qué comer. No podemos ir a buscar trabajo”’.

Cohen, quien vino a Estados Unidos hace 26 años y reside en Carolina del Sur desde hace más de una década, dice que hace lo que puede por ayudar. A través de su organización sin fines de lucro ha organizado actos para recibir donaciones de alimentos que son entregados a familiares de las personas arrestadas. También participa en una campaña de búsqueda de libros escolares para los niños.

Algunas agrupaciones se esfuerzan por preparar a la comunidad hispana para otra redada. Iván Segura, quien vino de México hace siete años y asesora al South Carolina Hispanic Leadership Council (Consejo de Liderazgo Hispano de Carolina del Sur), ha reunido un equipo de abogados, asesores y consejeros que estarían disponibles de inmediato para responder a una crisis. Indicó que su grupo preparó incluso un aviso para publicar en los diarios en el que se le explica a la gente cuáles son sus derechos si son detenidos.

Los legisladores estatales ya han intervenido. El año pasado aprobaron una ley que dispone multas y el cierre temporal de negocios que contraten indocumentados.

La ley exige a las empresas que verifiquen que toda persona que contratan se encuentra en el país legalmente.

A partir del 1ro de julio, toda empresa con más de 100 empleados deberá cumplir con ese requisito. Las firmas con menos de 100 empleados tienen plazo hasta julio del 2010.

“Esto (de verificar que están en el país legalmente) muchos lo toman como un chiste, pero no lo es”, afirmó el senador estatal republicano Larry Martin. “Es algo que genera grandes problemas”.