Reacciones distintas por redadas

POSTVILLE, Iowa, (AP) — Para los defensores de los indocumentados, la redada de mayo pasado en una planta empacadora de carne en Postville fue una prueba de que el arresto masivo de extranjeros sin papeles no funciona.

Muchas familias fueron destrozadas y la ciudad también resultó seriamente afectada, como lo indican los negocios vacíos y las largas colas en los centros donde se da comida a los indigentes. Una agencia de alquileres dijo que el 70% de sus propiedades estaban vacantes. El concejo municipal incluso pidió que el pueblo fuese declarado zona de desastre para poder recibir ayuda del gobierno para combatir el impacto de la redada en la empacadora de carne kosher Agriprocessors.

En momentos en que el gobierno de Barack Obama elabora una nueva política para las redadas, otras ciudad de Iowa, a unos 160 kilómetros (100 millas), ofrece una perspectiva muy distinta tras experimentar una redada de la planta que emplea más gente en esta zona.

La gente de Marshalltown reconoce que la redada en la planta de Swift dejó profundas cicatrices en este pueblo de 25.000 habitantes, pero dice que eso ya fue superado.

El alcalde Gene Beach declaró que la redada afectó los esfuerzos por integrar a los hispanos, pero que la mayoría de la gente siente escasa solidaridad hacia los 92 indocumentados detenidos durante una redada en plantas de Swift de seis estados.

Beach dijo que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) “tiene derecho a intervenir, siguiendo las normas y tratándolos con humanidad. Las leyes dicen que la gente tiene que venir aquí legalmente y el ICE tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes”.

Obama criticó al ICE en su campaña electoral y habló de personas que habían sido “aterrorizadas por las redadas”. Pero la secretaria de seguridad interior Janet Napolitano afirmó la semana pasada que las redadas continuarán.

“Que nadie se equivoque”, expresó a la prensa en Los Angeles. “Seguiremos vigilando el cumplimiento de las leyes en los sitios de trabajo. Y nos llevaremos a empleados e incluso empleadores en esas acciones”.

Napolitano dijo que pondrán énfasis en los patronos más que en los indocumentados.

La redada en Postville, pueblo de 2.000 habitantes, obligó a muchos indocumentados a dejar sus trabajos y sus casas. Y en algunos casos, separó a los niños de sus padres.

Meses después del arresto de 389 trabajadores, las autoridades han acusado a Agriprocessors de miles de infracciones. La firma se declaró en quiebra y hay un interventor que está tratando de encontrar un comprador.

Chad Wahls, directora de la escuela primaria Cora B. Darling de Postville, dijo que en las semanas posteriores a la redada dejaron de asistir a clases 114 de sus 352 estudiantes. Con el correr de las semanas, se inscribieron 87 alumnos nuevos, hijos casi siempre de los trabajadores que reemplazaron a los indocumentados.

Wahls indicó que en la actualidad poco más del 40% de los estudiantes son hispanos, comparado con el 55% de antes de la redada.

Los residentes de Marshalltown y Postville coincidieron en que los organismos federales deben tener en cuenta que los indocumentados están dispuestos a hacer tareas que muchos estadounidenses no quieren realizar.

“¿Por qué no los vamos a dejar venir?”, preguntó Beach, el alcalde de Marshalltown. “Tenemos trabajos en los que se paga 13 dólares la hora, que ellos están dispuestos a hacer”.

Ken Anderson, presidente de la Cámara de Comercio de Marshalltown, dijo que mucha gente pide que se castigue a los patrones. Pero él duda que se pueda evitar la contratación de indocumentados.

Hizo notar que algunos de los indocumentados detenidos en las redadas vivían en el país desde hacía años y se habían integrado a sus comunidades adoptivas.

“Comunidades como la nuestra pagan un precio muy alto” con las redadas, sostuvo Anderson.