Antonio Baranda

Agencia Reforma

La Presidencia publicó ayer el acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno federal, que fija topes para la contratación de publicidad gubernamental.

Su finalidad, indica el documento, es acabar con la selección discrecional en la contratación de medios para implementar la estrategia de comunicación social, ponderando la honestidad como premisa básica.

El acuerdo establece que, con motivo de la política de austeridad, el límite del gasto en publicidad institucional no debe rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Legislativo.

“La austeridad en materia de comunicación social en el Gobierno federal, se implementará a través de la disminución del gasto en dicha materia, así como con el aprovechamiento al 100 por ciento de los tiempos oficiales y en la optimización de los recursos”, señala.

Queda prohibido que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25 por ciento de la totalidad de la pauta publicitaria que se encuentre en una campaña particular, a cargo de una dependencia o entidad federal.

“Salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar o, en su caso, se justifique la imposibilidad de distribuir esa pauta en atención al objetivo previsto en la campaña. Cuando se trate de producción de materiales debe privilegiarse su elaboración en medios públicos”, indica.

Las dependencias y entidades federales no podrán otorgar recursos públicos “encubiertos” que beneficien directa o indirectamente a los medios; o recibir algún pago a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones o inserciones.

Una las obligaciones que establece el acuerdo es que toda la Administración federal deberá publicar en sus portales de transparencia la información relativa al gasto de campañas de comunicación social