César Martínez

Agencia Reforma

Gustavo Castro, el defensor de derechos humanos mexicano que se encuentra retenido en Honduras por ser testigo en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, teme por su vida.

Así lo dieron a conocer organizaciones civiles, incluida Otros Mundos Chiapas, a la que él pertenece, y Amnistía Internacional, durante una conferencia de prensa en la que exigieron al Gobierno hondureño que lo dejen regresar a México.

“Él sí tiene temor, y bueno, hasta ha sido trasladado en autos blindados o helicóptero por las autoridades hondureñas, es decir que hasta el Gobierno de Honduras reconoce que hay un riesgo”, señaló Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Castro, quien llegó a Honduras tan sólo un día antes del homicidio de Berta Cáceres, se encuentra en la Embajada mexicana y cuenta con medidas cautelares por parte del Estado hondureño.

Sin embargo, las organizaciones que lo apoyan denunciaron que el proceso que se le sigue es muy opaco, por lo que también temen que en algún momento pueda ser acusado.

Y es que ninguna de las líneas de investigación apuntan a que el asesinato de Berta Cáceres tuvo que ver con su labor de activista ambiental, sino que primero se apuntó a un simple robo y luego que se trató de un crimen pasional, cuando semanas antes había recibido amenazas.

“A pesar de que sabemos que Gustavo está como testigo protegido, nos preocupa que en algún momento hagan un giro en la investigación y empiece también un proceso de criminalización hacia él, que sí vio a los asesinos”, agregó Mijangos.

Durante la conferencia, denunciaron que ha Castro no le han permitido ver el expediente de la investigación, no sabe en qué calidad se encuentra ni para qué otras diligencias lo requieren en Honduras, cuestiones que le complican a su defensa crear una estrategia legal.

Recordaron que Honduras es considerado el país con mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y la tierra, por lo que exigieron que se apliquen las medidas señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pide evitar la criminalización de los activistas.