SANTA CRUZ,

Bolivia (AP)

La justicia boliviana viola derechos de un estadounidense detenido hace más de un año en este país, al no haberle formulado cargos, afirmó el lunes un legislador de Estados Unidos.

Funcionarios del Ministerio de Gobierno “han intimidado al juez diciéndole que vamos ver las acciones que vamos a seguir a usted”, dijo a la AP el congresista republicano Chris Smith, presidente del subcomité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, después que se excusará otro juez para atender el pedido de libertad del empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

“Quiero decirles que ése ha sido el peor acto de intimidación que he visto ocurriendo en una corte, en su propia corte”, aseveró.

Jacob Ostreicher lleva “370 días detenido sin ningún cargo, eso nos parece que es una violación de sus derechos y por eso estamos acá”, expresó Smith a The Associated Press el lunes durante una audiencia en esta ciudad del oriente de Bolivia mientras un juez analizaba el pedido de libertad.

Es el tercer juez de medidas cautelares que se excusa.

El pedido pasará a otro juez en fecha aún por definir.

Ostreicher, un neoyorquino de 53 años, es investigado por supuesto lavado de dinero, en un caso en el que la principal acusada es la colombiana Liliana Rodríguez, socia del estadounidense en la compra de terrenos para la producción de arroz. Rodríguez también está detenida.

Los jueces han incautado propiedades y 18.000 toneladas de arroz al estadounidense.

La ley antidrogas permite la incautación de bienes de los sospechosos hasta que concluya el juicio.

“Soy un empresario que vino a Bolivia a invertir en arroz y ganadería, mi única intención fue mejorar la economía del país, pero hasta el arroz me han robado”, señaló Ostreicher a reporteros el lunes durante una pausa en la audiencia.

“Estoy acá por más de un año y hasta ahora no sé de qué me acusan. He estado en huelga de hambre porque ya no aguanto más”, agregó.

Smith llegó el fin de semana y es el primer congresista estadounidense que arriba a Bolivia por el caso. El lunes anunció que llegará a La Paz para reunirse con autoridades.

La semana pasada, Smith escuchó en Washington a familiares del detenido y al ex agente del FBI Steve Moore, quien estuvo antes en Bolivia para indagar.

Moore declaró en la audiencia ante Smith que Ostreicher “es un secuestrado” del Estado boliviano.

En esa audiencia, la esposa e hija del detenido han dicho que el Departamento de Estado norteamericano ha hecho poco por Ostreicher, más allá de tomar conocimiento del caso.

Las relaciones diplomáticas entre La Paz y Washington están deterioradas desde la expulsión del embajador estadounidense en La Paz en 2008 por supuesta injerencia en asuntos internos.

Ostreicher ha declarado antes que se asoció a Rodríguez para la compra de tierras en Santa Cruz sin saber al parecer que la mujer mantenía vínculos con el brasileño Maximiliano Dorado, prófugo por narcotráfico en su país y deportado de Bolivia el año pasado.

El representante del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, explicó que Ostreicher está detenido de forma legal porque se le ha encontrado un vínculo entre Rodriguez y el narcotraficante brasileño.

En la primera audiencia el año pasado, un juez le concedió libertad, pero revocó su decisión a los pocos días. Desde entonces, pasaron 17 audiencias sin que se resuelva el pedido de libertad del detenido.

El caso no parece llamar la atención del gobierno de Evo Morales.

Ante una consulta de la AP, el canciller David Choquehuanca dijo que las “peticiones” que recibió de la embajada estadounidense las envió “a las instancias competentes”.

Su vicecanciller Juan Carlos Alurralde señaló que “algunos procesos no son rápidos”, pero dijo que Ostreicher “tiene todas las prerrogativas”.

“Me parece bien que (Smith) venga y verifique el trato que tiene Ostreicher en el penal y ojalá le haga entrar en razón”, dijo Alurralde.

Mientras tanto, el estadounidense pasea libremente en el penal de Palmasola, en las afueras de Santa Cruz, uno de los más atestados.

Según informes de organismos de derechos humanos, más del 70% de los detenidos en las cárceles bolivianas no tienen sentencia.