PHOENIX (AP) — Arizona se preparaba para pedirle el jueves a un tribunal de apelaciones que anule el fallo de una jueza que suspendió las partes básicas de la nueva ley de inmigración del estado, brindándole una primera victoria clave al gobierno federal en una pelea que podría elevarse a la Corte Suprema de Estados Unidos.

En tanto, tres personas fueron arrestadas al comienzo de una manifestación multitudinaria contra la ley, realizada a pesar del fallo.

En principio no estaba claro por qué se detuvo a esas personas en un acto frente a la corte federal.

Los manifestantes se congregaron al amanecer frente al capitolio estatal y marcharon a una iglesia donde se realizó un servicio religioso.

La manifestación se dirigía a la comisaría del condado de Maricopa, cuyo jefe es el conocido sheriff Joe Arpaio, para regresar luego al capitolio. El activista Salvador Reza dijo que algunos manifestantes prometieron cometer actos no violentos de desobediencia civil, pero no entró en detalles.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que la decisión anunciada el miércoles por la juez federal Susan Bolton “es un bache en el camino” y prometió apelar.

El vocero de Brewer, Paul Senseman, dijo que Arizona le pediría más tarde el jueves a la corte federal de apelaciones del noveno circuito, en San Francisco, que suspenda las medidas cautelares ordenadas por Bolton y que acelere el examen de la apelación presentada por el estado.

La juez Bolton estimó que el gobierno del presidente Barack Obama tiene buenas posibilidades de triunfar con su argumento de que la ley de inmigración federal prevalece sobre la ley estatal.

Sin embargo, el promotor clave de la ley de Arizona, el representante republicano Russell Pearce, opinó que la juez se equivocó y pronosticó que el estado ganará el caso al final.

Los opositores de la ley opinaron que el fallo de la juez envió un mensaje claro a otros estados que tenían la esperanza de copiar la legislación de Arizona.

En su fallo cautelar, Bolton retrasó la aplicación de las disposiciones más controvertidas de la ley, incluso una que obligada a la Policía a que solicitara la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad de una persona si tenía razones para sospechar que ingresó sin documentos al país.