AP

(AP) — Luego que una comisión del Senado de Arizona aprobó por un margen estrecho un proyecto de ley contra los inmigrantes indocumentados en materia de vivienda, beneficios públicos y trabajo, la propuesta podría enfrentar sin embargo algunos obstáculos.

La comisión también aprobó el martes por la noche un proyecto para negar la ciudadanía automática a los hijos de los indocumentados, una norma contraria a la constitución nacional que podría dar lugar a una apelación ante la Corte Suprema.

El nuevo proyecto fue patrocinado por el senador republicano Russell Pearce, autor de la controvertida ley en contra de los inmigrantes sin papeles del año pasado, que provocó un debate generalizado sobre si los estados son los encargados de aplicar las leyes de inmigración.

“El que está en el país ilegalmente no tiene derecho a los beneficios públicos y eso es todo”, dijo Pearce.

Ahora la ley debe superar la fatiga de los legisladores sobre el tema de la inmigración ilegal, un factor que podría impedir que sea considerada en el pleno.

Los demócratas, que conforman la minoría en el estado, suelen votar contra las iniciativas republicanas más extremas y “hay otros republicanos como yo, que están preocupados como ellos”, dijo el senador John McComish de Phoenix. “Necesitamos un descanso de las iniciativas migratorias”.

Pearce redactó su iniciativa el viernes y la presentó el lunes, fuera de la fecha límite regular.

“Este fue un acuerdo muy rápido en el último minuto para asegurarnos que no desatendiéramos a los votantes de este estado”, agregó Pearce sobre las cláusulas que harían más estrictas las leyes migratorias aprobadas por los votantes en la última década.

Las medidas serán revisadas por especialistas legales y serán analizadas por los distintos grupos minoritarios de los partidos antes de que el Senado la considere en el pleno. Si es aprobada sería enviada a la Cámara de Representantes.

Aprobar el proyecto colocaría “un nubarrón negro sobre Arizona junto al cual la (ley) ‘SB1070’ parecería blanda”, dijo Jaime Farrant, de la organización Red de Acción Fronteriza, en alusión al proyecto del año pasado.

La nueva medida, aprobada por siete votos contra seis, pasará al plenario del Senado después de una revisión legal y discusiones en los bloques partidarios. Los demócratas no tienen suficientes votos para bloquear el proyecto de Pearce. El proyecto dificulta los requisitos a fin de que los empleadores verifiquen la legalidad de los nuevos contratados. De lo contrario sus licencias de negocios les serían suspendidas si no utilizan el sistema federal de revisión del estatus migratorio, E-Verify. Asimismo, aquel que use una falsa identidad para obtener un trabajo podría ser condenado a seis meses de prisión.

También obliga a que las escuelas obtengan información sobre el estado legal de los estudiantes y que los reporten a las autoridades si los padres no presentan los documentos necesarios o si éstos parecen falsos.

Finalmente prohibe que un indocumentado maneje vehículos motorizados en el estado, bajo pena de 30 días de cárcel y la incautación del vehículo si son hallados culpables.

El republicano Rick Crandall, de Mesa, dijo que la confiscación de vehículos conducidos por inmigrantes indocumentados podría llevar a que las compañías de alquiler de autos tuvieran que verificar la situación migratoria de los turistas y otros visitantes. “Es el tipo de iniciativa que es completamente negativa” para una campaña de promoción del turismo en el estado recientemente presentada, dijo Crandall.

La medida también podría llevar a una revisión en la corte de la 14ta enmienda constitucional que garantiza la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense y a quienes están “sujetos a la jurisdicción del país”.

Los simpatizantes de la iniciativa señalan que la enmienda no debería ser efectiva para los hijos de inmigrantes ilegales pues estas familias no tienen un vínculo por derecho con Estados Unidos. Otras propuestas similares para definir quién tiene derecho a la ciudadanía automática han sido presentadas en Indiana, Misisipí, Texas, Oklahoma y Dakota del Sur. Los simpatizantes esperan que otros 12 estados revisen el asunto este año.