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Una dividida Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto el lunes las disposiciones clave de la ofensiva de Arizona contra la inmigración ilegal, un fallo que seguramente resonará en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano avaló por unanimidad una parte de la ley que obliga a la Policía estatal a comprobar el estatus de quienes crea que no se encuentran legalmente en Estados Unidos.

La decisión judicial respaldó por el momento la cláusula de “muéstreme sus papeles”, pero incluso en este caso los jueces dijeron que la disposición puede ser objeto de demandas legales adicionales y le restaron fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley migratoria.

Además advirtieron contra detener personas por tiempo prolongados simplemente por no tener los documentos migratorios apropiados.

El resultado reivindica la agresiva impugnación del gobierno del presidente Barack Obama a las leyes aprobadas por Arizona y los cinco estados –Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah– que siguieron su ejemplo para enfrentar a la inmigración no autorizada ante la falta de acción del gobierno federal para realizar una amplia reforma migratoria.

La decisión sobre la ley de Arizona fue tomada en momentos en que el país se encuentra en una campaña presidencial en la que el presidente Obama ha estado cortejando a los votantes hispanos y su rival republicano Mitt Romney ha pasado apuros para atraer el respaldo latino.

Durante una larga campaña de elecciones primarias, Romney y los otros aspirantes republicanos a la presidencia respaldaron en su mayoría la aplicación de una línea dura para evitar ser acusados de que apoyan alguna forma de “amnistía” para los inmigrantes que carecen de permiso de residencia. Posteriormente Romney adoptó una posición menos radical en torno al tema de la inmigración.

La decisión judicial del lunes fue unánime con relación a permitir que se realice la verificación del estatus migratorio. El máximo tribunal estuvo dividido en torno a derogar las otras disposiciones.

El magistrado Anthony Kennedy dijo que podría –e insinuó que debería– leerse cuidadosamente la ley para despejar el temor de que las verificaciones al estatus migratorio pudieran derivar en detenciones prolongadas.

La corte derogó las siguientes cláusulas:

— Requerir que todos los inmigrantes obtengan o porten papeles que demuestren que están registrados ante las autoridades de inmigración;

— Convertir en ofensa penal estatal el que un inmigrante no autorizado busque trabajo o tenga un empleo; y

— Permitir que la Policía arreste a presuntos inmigrantes que carezcan de permiso de residencia sin contar con una orden judicial para detenerlos.

Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, dijo que el fallo representa una victoria de la gente que cree en la responsabilidad de los estados para defender a sus habitantes.

El caso, afirmó, “siempre ha sido acerca de nuestro respaldo al estado de derecho. Eso significa todas las leyes, incluidas las que están tanto contra la inmigración ilegal como la etiquetación racial. Las agencias policiales serán responsabilizadas si esta ley fuese mal empleada de una forma que viole los derechos civiles de un individuo”.

Los grupos que defienden los derechos civiles y que impugnaron esta legislación debido al temor de que deriva en violaciones a dichos derechos dijeron que sus demandas seguirá en pie.

Incluso con las limitaciones que el máximo tribunal le impuso a Arizona, la verificación del estatus de inmigración sigue siendo “una invitación a la etiquetación racial”, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

El gobierno de Obama presentó una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue implementada hace dos años. Los tribunales federales se habían negado a permitir que las cuatro disposiciones clave entraran en vigor.

Partes las legislaciones de los cinco estados que adoptaron variantes de la ley de Arizona también están suspendidas, a la espera del desenlace de este caso de la Corte Suprema.

El magistrado presidente John Roberts y los magistrados Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor coincidieron con las opiniones de su colega Kennedy.

Los magistrados Antonin Scalia y Clarence Thomas habrían permitido que todas las cláusulas impugnadas entraran en vigor. El magistrado Samuel Alito le habría permitido a la Policía arrestar a inmigrantes no autorizados que buscan trabajo y también que se hicieran arrestos sin necesidad de una orden judicial.

En comentarios desde la judicatura, Scalia describió sarcásticamente los planes que Obama anunció recientemente para facilitar que los hijos de inmigrantes no autorizados eviten ser deportados.