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WASHINGTON (AP) El Departamento de Justicia notificó el martes a la oficina de un alguacil de Arizona conocido por combatir a los indocumentados que ésta se ha negado a cooperar con una investigación sobre derechos civiles y no está acatando la ley federal.

El departamento también amenazó con demandar a la oficina.

Desde marzo del 2009, el Departamento de Justicia federal ha estado investigando a la oficina en Phoenix del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, por presunta discriminación, así como búsquedas y arrestos inconstitucionales. Arpaio dice que la pesquisa está enfocada en sus esfuerzos por controlar la inmigración.

Robert Driscoll, un abogado de Washington que representa a Arpaio, dijo que los abogados del Departamento de Justicia han escogido al hombre y al departamento y están tratando de encontrar una violación (a la ley), en lugar de hallar una violación y entonces buscar reivindicar los derechos de alguien.

Han estado investigando durante dos años, señaló Driscoll, al tiempo que agregó que la mayoría de la gente da por supuesto que la pesquisa tiene que ver con arrestos de personas en base a su aspecto racial.

Si (ese tipo de arrestos) continuaran ahora, presumiblemente tendrían evidencia de ello ahora, subrayó el abogado.

En una carta, el vicefiscal general Thomas Pérez, director de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, dijo que la oficina del alguacil no está entregando el material que están solicitando sus abogados.

Hace más de un año, los abogados de Arpaio pidieron que la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia investigara la presunta mala conducta de los fiscales respecto a la investigación. En su carta a los abogados de Arpaio, Pérez dijo que tales acusaciones sin fundamento no son una base para negarse a cooperar con la pesquisa del Departamento de Justicia.

En junio, la Oficina de Responsabilidad Profesional determinó que ningún fiscal de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia cometió mala conducta profesional ni ejerció un criterio mal sustentado en la investigación a la oficina de Arpaio.

Pérez dio a la oficina del alguacil hasta el 17 de agosto como plazo para entregar los documentos solicitados inicialmente el año pasado en lo que el departamento califica como una indagatoria a las acusaciones de discriminación.