(AP) — Adentro de una de las cárceles más peligrosas y superpobladas de Honduras, los reos manejan un verdadero mercado, en el que ofrecen de todo, desde iPhones hasta prostitutas.

Se parece más a una ciudad acordonada que a una prisión convencional, en la que mapaches, perros, gallinas y cerdos se pasean libremente entre los puestos de alimentos, montañas de basura, arroyuelos de aguas negras y puestos de comida. Pero los guardias no usan cruzar una raya amarilla, la “línea de la muerte”, para internarse en ese mundo y los reos no se aventuran al sector controlado por los guardias.

“Son los reos quienes gobiernan” el centro penitenciario, afirmó el subdirector del penal Carlos Polanco. “Nosotros sólo nos ocupamos de la seguridad exterior. Saben que si cruzan la línea podemos disparar”.

La división extraoficial de poder que rige en el Centro Penal de San Pedro Sula se repite en todo el país, donde funcionan sistemas que permiten a los presos llevar negocios detrás de las rejas mientras las autoridades hacen la vista gorda a cambio de parte de las ganancias. Dicen que usan ese dinero para cubrir las necesidades de los penales.

“El estado nos da 13 lempiras por preso y día (unos 0,60 dólares) para alimentar a los internos. Con ese dinero se morirían de hambre y yo tengo que buscar la manera de completárselos”, se justifica el administrador de la cárcel, Hugo Hernández.

El sistema de prisiones hondureño cuenta con un presupuesto anual de 18,5 millones de dólares para atender 24 centros penitenciarios que alojan a casi 12.000 reos mientras tienen una capacidad de 8.000, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Seguridad.

La subsecretaria del ministerio, Marcela Castañeda reveló que el 82% del presupuesto es para pagos y salarios y el 16% para alimentación. “Solo el 2% va a gastos que puedan mejorar las infraestructuras”, admitió.

Esta cultura prácticamente garantiza que, incluso cuando episodios como un incendio que mató a 361 reos hace tres meses en otro penal enfocan la atención en los centros de detención, las posibilidades de cambio son mínimas,

La AP visitó este mes la prisión de San Pedro Sula, que alberga 2.137 reos en una instalación que supuestamente admite 800. Los periodistas gestionaron el acceso a través del director del penal, pero tuvieron que recibir también el visto bueno del líder de los reclusos, Noé Betancourt, quien suministró ocho reos para que garantizasen la seguridad de los reporteros. Adentro del penal no había guardias, mujeres y niños se paseaban por puestos de venta de Coca Cola, frutas, camisetas, hamacas, zapatos y alfombras.

Betancourt fue elegido “coordinador” por los propios reos el mes pasado luego de que su predecesor cometiese el error de aumentar demasiado los precios.

Rodrigo Escobar Bil, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que los presos de Honduras merecen un mejor trato.

“Es previsible que algo grave pueda ocurrir en el futuro en las cárceles hondureñas dado que la situación no ha cambiado respecto a la que existía hace tres meses”, justo antes de las dos tragedias en San Pedro Sula y Comayagua que acabaron con la vida de 374 personas en febrero y marzo.

El último informe sobre Honduras del Subcomité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, publicado en febrero de 2010, dice que “la corrupción impregna todo el sistema de privación de libertad e involucra a todos los actores: el personal penitenciario, los reclusos y personas externas”.

Los funcionarios de los penales admiten abiertamente su complicidad con los reclusos y dicen que se trata de una realidad a la que no se le puede escapar en un país que gasta unos 250 dólares anuales por reo.

Mientras que “para algunos eso corrupción, para nosotros es la única manera de que esto no se caiga y estalle mañana”, afirma Polanco.

“Honduras es un país con pocos recursos”, explica el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, agregando que el país le pidió al Fondo Monetario Internacional mayor flexibilidad en la concesión de créditos para poder hacer frente al problema de las prisiones.