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El ejército reportó el miércoles la captura de ocho personas en una región del norte de Guatemala fronteriza con México donde el presidente decretó estado de sitio, luego de una multitud de campesinos atacaron con machetes y armas de fuego el destacamento militar de la localidad.
El vocero del ministerio de la Defensa, Rony Urízar, indicó que los detenidos son sospechosos de haber estado entre las 200 personas “encapuchadas” que protagonizaron los incidentes que el martes desencadenaron la declaratoria de “sitio” en Barillas, una comunidad del departamento de Huehuetenango fronteriza con México, ubicada a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital.
El estado de sitio otorga el control de la zona a los militares, a quienes se les faculta para realizar detenciones de personas sin orden de juez, intervenir o disolver cualquier organización o agrupación y “reprimir por los medios preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados a las circunstancias, cualquier acción individual o colectiva que fuere contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad”, según la ley guatemalteca de Orden Público.
En la región donde se decretó el estado de sitio, existe malestar entre sectores de la población por un proyecto hidroeléctrico que tendrá repercusiones en varias propiedades.
El vocero del ministerio Público, Ricardo Marroquín, ratificó la información sobre las capturas pero dijo desconocer de qué delitos son sindicados los sospechosos.
Urízar declaró a The Associated Press que a la zona “se han enviado 100 soldados de refuerzo y 160 agentes de la policía”.
En la mañana, el presidente Otto Pérez Molina defendió su decisión de decretar un estado de sitio y culpó a los participantes de ser colaboradores del narcotráfico, que opera ampliamente en esa remota y porosa frontera con México.
Durante años campesinos y grupos defensores de los derechos humanos en Guatemala han denunciado a empresas y particulares, muchas veces con anuencia del gobierno. para despojar a campesinos de sus tierras en diferentes regiones del país para ampliar proyectos agroindustriales o de generación hidroeléctrica.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló en marzo que el organismo judicial emitió en el 2011 al menos 44 órdenes de desalojos de tierras por diferentes causas. La mayoría de los desalojos ocurrieron en el Valle de Polochic (Alta Verapaz), los cuales afectaron a 732 familias quekchíes, 139 campesinos en el departamento de Retalhuleu y 69 familias en Petén.
El anterior gobierno de Alvaro Colom decretó estado de sitio en los departamentos de Petén y Alta Verapaz, en diferentes momentos de su gobierno, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico que afectaba esas regiones.
