Associated Press

BOGOTA, Colombia (AP) — El gobierno colombiano decidió el lunes mantener en su cargo al comandante de las Fuerzas Militares, quien quedó en medio de un escándalo por conversaciones en las que al parecer descalificaba las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales de civiles.

A su vez, empezó a tomar medidas para hacer frente a un caso que sacude al ejército por presunta corrupción en la adjudicación de contratos.

“Es importante señalar que se requiere serenidad y ponderación en el análisis” de los hechos denunciados por la revista bogotana Semana porque “aquí, ni más ni menos, se pone en juego la honra y el buen nombre de personas, de personas que le han servido al país”, dijo a los reporteros el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, sin referirse en concreto al caso del general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares.

La noche del sábado, Semana hizo públicas unas grabaciones de origen desconocido en las que Barrero habla con un coronel detenido por ejecuciones extrajudiciales. “Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada (bobada)” referente a las ejecuciones extrajudiciales, le dice –según Semana– a su interlocutor, el coronel Róbinson González del Río.

Barrero lamentó el domingo haber hablado en términos “desobligantes”(descalificadores) de la Fiscalía y de sus funcionarios, luego de que el coronel González “manifestara su preocupación por la situación jurídica que afrontaba”.

En octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares por el asesinato de 11 hombres que falsamente fueron mostrados como guerrilleros y delincuentes muertos en combate. Eso desembocó en un escándalo conocido como “falsos positivos”, ejecuciones de civiles presentados como rebeldes y criminales muertos en operaciones de la fuerza pública. Al menos 3.000 colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente por militares, de acuerdo con la Fiscalía y grupos no gubernamentales de derechos humanos.

Pinzón también anunció una serie de medidas para hacer frente a las denuncias por presunta corrupción en varios contratos del ejército.

El ministro explicó que había conformado una comisión de alto nivel para analizar “en detalle cada palabra publicada en este medio y adelantar así la respectiva verificación”. Dijo que solicitó también la intervención en el caso de la Contraloría, la entidad del país que investiga los eventuales malos manejos de dineros públicos.

En su artículo, Semana denunció la “asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares, donde se habla de mordidas (sobornos) de hasta el 50%” entre distintos oficiales militares y en distintas unidades castrenses.

Basada en cientos de horas de grabaciones capturadas entre 2012 y 2013, la revista indicó que la pieza central en la presunta red de corrupción es el coronel González del Río, detenido desde 2012 por la ejecución extrajudicial en 2007 de dos hombres a los que reportó falsamente como guerrilleros muertos en combate.

González del Río es familiar del general en retiro del ejército Rito Alejo del Río, quien en 2012 fue condenado a 25 años de cárcel como responsable del asesinato en 1997 de un campesino cuando se desempeñaba como comandante de una brigada en el noroeste del país.

Tras 14 horas de indagaciones, agregó Pinzón, se llegó a la conclusión de que de los 19 audios publicados por Semana, “10 hacen referencia a presunto tráfico de influencias y asuntos relacionados con contratación. De esos 10 audios, en sólo tres grabaciones se puede inferir, sin muchos elementos de juicio, que hay una coincidencia con un contrato existente”.

Sobre las denuncias de corrupción, Barrero dijo no haber “intervenido en los procesos de contratación a los que hace referencia la publicación”.

“Ninguno de los audios publicados por la revista Semana permite deducir que el comandante general de las Fuerzas Militares haya participado en actos de corrupción”, detalló el jefe militar en un comunicado enviado la víspera a los medios.

El escándalo desató la renuncia del general del ejército Javier Rey, quien se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares. El oficial sostuvo a la emisora local Caracol que había renunciado por honor y que entablaría una denuncia penal contra Semana porque, según dijo, su nombre y el de otros altos oficiales fueron mancillados.