Maria Elena Salinas

Columnista

Phoenix — Usted se da cuenta que ha llegado a Phoenix en pleno verano cuando al momento de abrir las puertas al salir del aeropuerto, siente como si acabara de abrir la puerta de un horno gigantesco precalentado. Siente que el calor le golpea en la cara. Llegué aquí alrededor de las 7 de la noche y la temperatura era superior a los 100 grados y se esperaban 110 para el día siguiente.

En el avión escuché por casualidad a un hombre decir: “Regresamos al infierno.” Supongo que hablaba de las temperaturas sofocantes, pero podría haber estado hablando del ambiente caldeado que ha provocado la implementación inminente de la ley antiinmigrante de Arizona SB 1070.

Un estado atractivo que alberga parte de los mejores spas del país y las llamativas montañas de Sedona, Arizona no ofrece en este momento una bella perspectiva. La amplia población hispana de acá está confundida, enojada, incierta, pero en su mayor parte atemorizada.

El tema migratorio está tan caliente como las ardientes temperaturas de Arizona. La gran cantidad de demandas presentadas para tratar de evitar que la ley entre en vigor dicen que viola la constitución y usurpa la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir y aplicar leyes migratorias. Pero algunas de ellas hablan de la preocupación de que quizás conduzca al uso de perfil racial. Esa es sin duda alguna la parte más polémica de la ley de Arizona.

Treinta por ciento de la población de Arizona es hispana. Se calcula que 4 por ciento de la población del estado es indocumentada. Mientras la mayoría de los inmigrantes indocumentados son latinos, la mayoría de los latinos no son indocumentados.

A los agentes encargados de hacer cumplir la ley les han entregado guías sobre como determinar si alguien está en el país ilegalmente. Cuando detengan a un individuo sospecho de cometer una infracción deben considerar la ropa que llevan puesta, su comportamiento, su acento o la capacidad de hablar inglés para determinar correctamente si deben pedir prueba de su estatus legal migratorio.

Un artículo en diario Arizona Republic dice que la Oficina del Censo calcula que en Arizona hay aproximadamente 39,000 personas nacidas en Estados Unidos que no hablan inglés bien o simplemente no lo hablan. Si son detenidos por una infracción, los agentes podrían creer que son indocumentados y mantenerlos bajo custodia hasta que su estatus sea verificado.

Por cierto, lo mas probable es que el oficial este buscando un acento hispano, no necesariamente uno británico, francés o quizás acento asiático. Por lo tanto se da el uso de perfil racial. El objetivo de la ley de Arizona no es solamente perseguir a inmigrantes indocumentados sino perseguir específicamente a indocumentados mexicanos o latinos de otros países.

Otra pieza de información interesante que encontré en el diario Arizona Republic es que de los 50,000 inmigrantes indocumentados de Irlanda que viven en el país, acerca de 1,000 viven en Phoenix. ¿Cómo podrán los agentes encontrarlos si utilizan las pautas o guías que les han entregado para determinar si alguien debe ser considerado sospechoso de estar aquí ilegalmente?

Las encuestas muestran que la mayoría de los norteamericanos apoyan la ley de Arizona. Creo que si la mayoría de los norteamericanos estudiaran los detalles de la ley, cambiarían de idea. Nuestro problema migratorio es grave y debemos encontrar una solución. Pero concentrarse en un grupo étnico — el de más rápido crecimiento — no le queda nada bien a este, el país mas democrático del mundo.