MARK SHERMAN

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema decidió el lunes que los indocumentados que usan números de identificación falsos no pueden ser acusados de cometer un robo de identidad si no se demuestra que sabían que estaban utilizando números reales de la Seguridad Social y otros códigos.

La decisión de la corte limita entonces el uso de una ley impuesta en el 2004, la cual pretendía imponer más mano dura contra expertos en robo de identidad, así como contra inmigrantes arrestados en redadas que sean hallados usando números de la Seguridad Social falsos al igual que otros números de registro para extranjeros.

Varios activistas se habían quejado de que las autoridades federales usaban la amenaza de la acción judicial por robo de identidad –que implica dos años en prisión– para persuadir a que la gente se declarara culpable de otros cargos menores y lograr así la aceptación de la deportación inmediata.

Nina Perales, abogada de la Mexican American Legal Defense and Education Fund, un grupo activista por la defensa de los inmigrantes hispanos, señaló que ahora estas acciones judiciales ya no se pueden usar.

El juez Stephen Breyer escribió en su fallo que la intención de la persona es a menudo fácil de determinar cuando se trata de un caso que tipificó como clásico robo de identidad.

En los casos en que “el acusado se valió de información de otra persona para acceder a la cuenta bancaria de esa persona, el gobierno puede probar conocimiento previo con poca dificultad”, destacó Breyer.

Pero los indocumentados necesitan documentos de identidad y a menudo los compran a falsificadores sin saber si pertenecían a alguien.

Ese fue el ejemplo del indocumentado que ganó el caso el lunes. Ignacio Carlos Flores Figueroa, un inmigrante mexicano que trabajaba en una fábrica de acero en Illinois, viajó a Chicago y compró números de identificación a alguien que traficaba con carnés de identidad falsos.

Los números pertenecían a gente real. Flores Figueroa había trabajado en la fábrica durante seis años con un nombre falso.

En su caso no se puede probar que usó los números de la Seguridad Social y una tarjeta de residencia estadounidense, a sabiendas que pertenecían a una persona real. El acusado admitió haber usado documentos falsos pero no el delito de robo de identidad.