Por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados
SEATTLE – Los cambios en el proceso de exención de la tarifa anunciados el 25 de octubre por el Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional) pondrán grandes obstáculos para la obtención de la ciudadanía para decenas de miles de solicitantes de escasos recursos cada año. La ciudad de Seattle se unió al Immigrant Legal Resource Center (Centro de Recursos Legales para Inmigrantes) y a un grupo de organizaciones que brindan asistencia legal, servicios sociales y otros tipos de ayuda a los inmigrantes. Conjuntamente, presentaron una demanda el miércoles 30 de octubre, en California, en representación de las personas y comunidades que se verán perjudicadas por estos cambios.
Las nuevas normas, que se anunciaron el viernes pasado, harán que sea más difícil reunir los requisitos para la exención de la tarifa, lo que reducirá fuertemente las solicitudes de naturalización, en particular de solicitantes de bajos ingresos. Investigaciones recientes del Immigration Policy Lab (Laboratorio de Políticas Migratorias) de Stanford University sugieren que estas nuevas normas podrían reducir la cantidad de solicitudes de naturalización que se presentan por año tanto como un 10 %.
Por lo general, los inmigrantes no son elegibles para naturalizarse a menos que acrediten cinco años de residencia como residentes legales permanentes en los Estados Unidos, hablen inglés, tengan conocimiento de la historia y las normas de convivencia pública estadounidenses y demuestren compromiso con la Constitución de los Estados Unidos. Además, se cobra una tarifa de $725 para presentar la solicitud. Hasta el momento, el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) exime de la tarifa a quienes no pueden pagarla, situación en la que se encuentran alrededor del 40 % de los solicitantes. De acuerdo con las normas vigentes desde 2010, los residentes legales permanentes (a quienes también se los llama titulares de tarjeta verde) que reciben beneficios de una agencia federal están exentos de la tarifa por defecto, lo que simplifica el proceso tanto para el USCIS como para los solicitantes y proveedores de servicios. La nueva política aumenta considerablemente la carga para los solicitantes que desean solicitar una exención de la tarifa y directamente impide que algunos residentes legales permanentes de escasos recursos presenten la solicitud.
Los demandantes son la ciudad de Seattle (la Office of Immigrant and Refugee Affairs [Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados]) y cinco proveedores de servicios legales de naturalización que trabajan con residentes legales permanentes de bajos ingresos que son elegibles para la ciudadanía: Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), Central American Resource Center of California (CARECEN), Immigrant Legal Resource Center (ILRC), OneAmerica y Self-Help for the Elderly.
PALABRAS DE LA ALCALDESA DE SEATTLE, JENNY A. DURKAN
“La promesa americana debe estar al alcance de todos. Tener dinero no es ni deberá ser jamás un requisito para ser ciudadano estadounidense. Seattle luchará por la promesa de esta nación y combatirá el modelo que exige dinero para ser ciudadano. Exigimos que esta administración piense en nuestros habitantes y mantenga el proceso de exención de la tarifa que está vigente. Agradezco al fiscal de la ciudad de Seattle, Pete Holmes, por garantizar que esta ciudad proteja las libertades constitucionales de nuestras comunidades. Los inmigrantes y refugiados son parte del patrimonio de Seattle y, gracias a ellos, continuaremos siendo la ciudad del futuro”.
