(AP) — La vida de Yvette Martínez cambió por completo el 18 de febrero, cuando un agente de policía paró el auto en el que viajaban ella y su marido, Roger Tabora Martínez, en Massachusetts.

El inmigrante hondureño fue arrestado debido a una antigua orden de expulsión del país. Fue deportado a Honduras a mediados de mayo.

[“]Necesito que me devuelvan a mi marido. No se cómo enfrentar esta situación[”], dijo entre sollozos Martínez, una ciudadana estadounidense que vivía con el centroamericano en la ciudad de Springfield.

Dos años después de que el gobierno del presidente Barack Obama dijese que daría prioridad a la deportación extranjeros que están en el país ilegalmente con antecedentes delictivos y en momentos en que el Congreso analiza un proyecto de reforma a las leyes de inmigración que resuelva la situación de unos 11 millones de inmigrantes sin papeles, Estados Unidos sigue expulsando gente al por mayor.

Incluso personas como Tabora Martínez, quien no tiene antecedentes delictivos, está casado con una estadounidense y lleva casi una década viviendo en el país.

Al anunciarse la nueva política se dijo que la decisión de concentrarse en la deportación de personas peligrosas era una cuestión de [“]sentido común[”]. Esa política, no obstante, tiene definiciones tan amplias que no ha hecho nada por frenar las deportaciones de personas sin antecedentes y con lazos en Estados Unidos, según expertos y organismos defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles.

La suspensión de las deportaciones de personas que no representan un peligro [“]no se pone a la práctica[”], opinó Lorella Praelli, una activista del grupo United We Dream. [“]La retórica que oímos del presidente Obama y otros altos funcionarios es que no se expulsa a gente que es de baja prioridad y que podría beneficiarse de una reforma, pero lo que vemos en las calles cada día, es precisamente lo contrario[”].

[“]Las prioridades de deportación del gobierno parecen razonables, pero abarcan tanto, que casi todos los casos son considerados prioritarios[”], opinó Laura Lichter, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. [“]Cuando el gobierno analiza el caso de una clienta mía sin antecedentes delictivos que lleva aquí más de la mitad de su vida y me dicen que esa persona es una prioridad, bueno, esa es su opinión, pero realmente me cuesta entender cómo llegaron a esa decisión[”].

La Policía de Inmigración y Control de Aduanas asegura que deportó a 409.849 individuos en el año fiscal 2012, una cifra récord. Un 96% de estas deportaciones entran dentro de las categorías prioritarias de expulsiones del gobierno, aseguran las autoridades federales, que destacan que han adoptado una política que privilegia la seguridad pública y garantiza la integridad del sistema migratorio.

Cuando se dio a conocer la política, que daba amplio margen de maniobra a las autoridades de inmigración, dejando las deportaciones a su criterio (una figura legal llamada [“]prosecutorial discretion[”]), el gobierno aseguró que consideraría cancelar la deportación de inmigrantes sin antecedentes policiales que fueran familiares directos de ciudadanos estadounidenses o que tuvieran lazos con su comunidad. Muchos de ellos no serían deportados pero tampoco obtendrían un permiso de trabajo, quedando así en un estado de limbo.

Durante un periodo de 10 meses que empezó en noviembre del 2011, el gobierno revisó 407.329 casos pendientes en las cortes de inmigración e identificó sólo a 27.144 como candidatos a que sus casos fueran cerrados bajo la nueva política. Esos casos incluían a inmigrantes detenidos y no detenidos. De los aproximadamente 27.000 no detenidos, unos 6.300 inmigrantes rechazaron la cancelación de su deportación para batallar su caso en las cortes de inmigración e intentar lograr así un estatus legal, con permiso de trabajo incluido.

Nuevos casos de deportación siguen siendo revisados en la actualidad, dijo Nicole Navas, portavoz de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE.

ICE, señaló, tiene en cuenta [“]a la familia directa del individuo[”] y cancela deportaciones de personas por razones humanitarias, como por ejemplo ser el único proveedor para un menor o dejar a uno sin el [“]cuidador apropiado[”].

Lichter, la abogada de inmigración, aseguró que la forma en que el gobierno considera ahora casos de deportación ha mejorado respecto a hace un año, pero que [“]está muy lejos de ser perfecta[”]. La experta dice que se han encontrado con muchos casos de inmigrantes que vivieron durante décadas en Estados Unidos, regresaron a México por una emergencia familiar y al regresar a Estados Unidos ilegalmente fueron detenidos y deportados por ser catalogados como [“]una entrada reciente al país[”].

[“]Eso es muy frustrante[”], señaló.

En un día normal de trabajo, ICE detiene a unas 1.509 personas según datos de la agencia de noviembre y diciembre del 2012, recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Siracusa en Nueva York.