MANAGUA (AP) — La fiscal Ana Julia Guido informó el lunes que por falta de pruebas el expediente penal en el que el presidente Daniel Ortega y un grupo de funcionarios de su gobierno de los años 80 fueron acusados de una masacre, ha sido cerrado.

Se trata del caso conocido como “Navidad Roja” en que fuerzas del ejército sandinista, supuestamente aniquilaron en diciembre de 1982 a 64 aborígenes misquitos, otros 15 fueron desaparecidos y 13 torturados para evitar que apoyaran a guerrilleros “contras” que trataban de derrocar al gobierno.

La operación del ejército consistió en desalojar a sangre y fuego a unos 8.500 misquitos que habitaban las riberas del Río Coco, fronterizo con Honduras para ubicarlos en campamentos ubicados más al sur, según la denuncia puesta en 2006 por el misquito Osorio Coleman.

La fiscal Guido dijo al Canal 12 de la televisión que el expediente sobre la masacre fue “desestimado por falta de pruebas” y “cerrado” porque los denunciantes no apelaron la decisión informada por el fiscal Juan Barrios el 16 de junio de desestimar la denuncia.

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2006 e involucra al entonces presidente Ortega, a su hermano el general retirado Humberto Ortega, ex jefe del Ejército Popular Sandinista; al ex ministro del Interior Tomas Borge; al ex director de la Dirección General de Seguridad del Estado, coronel retirado Lenín Cerna; y al menos 10 ex funcionarios más de esas instituciones.

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH dijo a la AP que el Ministerio Público jamás desarrolló un proceso de investigación para comprobar los hechos a pesar de que les ofrecieron que llevarían a las víctimas a declarar.

Pero la fiscal Guido aseguró que “hubo diferentes entrevista e inspecciones in situ y se agotaron todos los actos de investigación… (pero) nadie dijo que había escuchado quienes dieron las ordenes de exterminio”.