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Un documento poco conocido llamado I-9 está ganando prominencia en el debate en torno a los indocumentados desde que el gobierno de Barack Obama se comprometió a castigar a las empresas que contratasen personas sin papeles. Los empleadores deben llenar y firmar un formulario en el que se comprometen a verificar que sus empleados tienen sus documentos en orden.

Al dar forma a su política sobre indocumentados, el gobierno dijo hace un año que pondría énfasis en las auditorías en busca de irregularidades en la contratación de personal más que en las redadas de sitios laborales que proliferaron bajo la gestión de su predecesor George W. Bush hijo.

Sin embargo, el grueso de los patronos que no revisaron los papeles de su personal no están siendo castigados, según un análisis de documentos obtenidos por la AP.

La mayoría reciben llamados de atención si se determina que se han empleado documentos falsos. Algunos son multados y ha habido unos pocos arrestos. El análisis de la AP revela que muchas de las firmas que investigó el gobierno no tenían malos antecedentes.

“El sistema I-9 tiene muchas fallas”, expresó Daniel Costas, experto en temas de inmigración del Instituto de Políticas Económicas (Economic Policy Institute), un centro de estudios de Washington. “El empleador debe verificar la identidad y los documentos, no el gobierno. Si esto va a funcionar así, es un gran desperdicio de tiempo y dinero”.

La ley actual estipula que el empleador verifique el status del personal y le haga llenar el formulario. Los formularios no son enviados al gobierno, sino que son archivados en caso de que las autoridades decidan hacer una auditoría y corroborar el status inmigratorio de los empleados. Toda empresa, sin importar su tamaño, debe tener esos formularios al día.

La campaña de Whitman sufrió un gran golpe cuando se reveló que había contratado una sirvienta indocumentada durante nueve años. A la mujer se le pidió que llenase el formulario I-9, pero Whitman no verificó su status legal. Despidió a la empleada el año pasado al enterarse que era indocumentada.

Durante una auditoría, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) revisan los formularios y se aseguran de que los números del Social Security (identificación del servicio de bienestar social) sean reales.

La AP pidió al gobierno copias de todas las auditorías realizadas desde que se hicieron los cambios en el sistema. El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas respondió hace poco, suministrando detalles limitados de un muestrario de inspecciones efectuadas a lo largo de un período de siete meses.

La AP revisó resúmenes de 430 auditorías realizadas entre el 1ro de julio del 2009 y el 31 de enero del 2010.

En ese período, los agentes del ICE hallaron 22.000 documentos tildados de “sospechosos” en los más de 86.000 formularios que inspeccionaron.

El ICE hizo auditorías en más de 200 empresas de menos de 25 empleados. Más de 250 firmas no tenían un solo formulario que generase sospechas de irregularidades.

Los “arrestos administrativos”, de inmigrantes sin la documentación adecuada, bajaron de los 5.200 del año fiscal del 2008 a 765 hasta agosto en el año fiscal en curso. La detención de patronos subió levemente, de 135 en el 2008 a 765 hasta agosto en el año fiscal en curso. Los arrestos de trabajadores sospechosos de haber cometido algún delito bajaron de 968 a 208.

Los funcionarios del ICE afirman que las auditorías son solo parte de una estrategia más amplia.

“Queremos crear una cultura en la que resulta importante cumplir con los requisitos”, manifestó Brett Dreyer, director de la unidad de verificación de documentos del ICE. “Recurrimos a los mejores instrumentos disponibles. Estimamos que las auditorías son parte de la estrategia”.

Dreyer dio que a mediados de la década de 1990 los agentes de inmigración se enfocaban en industrias que se sabe emplean una gran cantidad de indocumentados. Ahora prefieren actuar cuando hay informes de infracciones.

Sin multas altas ni arrestos, no obstante, cuesta saber si las auditorías tienen algún impacto, manifestó Julie Myers, quien fuera subsecretaria del ICE bajo el gobierno de George W. Bush hijo.

El ICE reveló que aplicó multas por valor de 6,9 millones de dólares este año, comparado con los 1,33 millones del 2009. Parte de ese dinero, sin embargo, deriva de procesos iniciados hace tiempo, incluido el millón de dólares que pagó Abercrombie & Fitch.

Más de 200 empresas fueron multadas en el año fiscal en curso, algunas por algunos cientos de dólares. Otras recibieron multas mucho más severas, como Abercrombie & Fitch.

La mayor parte de los casos pasan inadvertidos. La Corte Suprema dictaminó que el gobierno no puede revelar los nombres de las firmas multadas sin el consentimiento de éstas.

Las auditorías, pese a todo, tienen su impacto en los trabajadores.

En septiembre del 2009, American Apparel dijo que había despedido a 1.600 empleados cuya documentación parecía sospechosa luego de ser sometida a una inspección.

Peter Schey, abogado de American Apparel, afirma que como resultado de esto los indocumentados son cada vez más marginados. La mayoría, indicó, no se va del país porque, a pesar de todo, la vida sigue siendo mejor aquí.

Schey y otros defensores de los derechos del inmigrante dicen que el ICE está equivocando el camino.

“Si le apuntasen a la gente indicada, no tendrían 250 firmas con fojas impecables. Ni habrían arrestado a apenas 135 patronos por violar las leyes”, sostuvo. “Le están apuntando a la gente equivocada”, que no comete violaciones.