GUATEMALA (AP) — Otto Pérez Molina renunció a la presidencia de Guatemala luego de que el Congreso le retirara la inmunidad y un juez le prohibiera salir del país y dictara una orden de aprehensión para que se presente a rendir una declaración en el marco de una investigación por supuesta corrupción.

El exmandatario está acusado en el mismo caso que le costó el cargo a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a varios miembros de su gobierno.

The Associated Press explica en qué consiste y cuáles con las etapas del proceso contra Pérez Molina y qué sucederá tras su renuncia.

¿DE QUÉ SE ACUSA A OTTO

PÉREZ MOLINA?

La fiscalía acusa a Pérez Molina de tres delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El cohecho sanciona al funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o acepte sobornos. La aceptación puede ser directa o indirecta y no sólo es dinero sino cualquier dádiva, promesa o beneficio a cambio de que realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

Los cargos fueron formulados luego de que el 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo adscrito a la ONU, anunciaran la desarticulación de una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que habían recibido sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.

La comisión informó que cuenta con 88.000 escuchas telefónicas entre las cuales, dijo, hay una donde se oye a Pérez Molina hablar con Carlos Muñoz, Superintendente de Administración Tributaria, en la que le ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.

Por ley, esa superintendencia es un ente autónomo y sin injerencia del Ejecutivo. Según la Fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada.

Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que sólo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.

Tras el retiro de la inmunidad del presidente, el Congreso ordenó el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que se le asigne un juez al caso. La Corte ordenó que el expediente fuera enviado a un juzgado de instancia pero la fiscal general solicitó que el caso lo llevara el juez Miguel Ángel Gálvez, que conoce la investigación contra los otros procesados y quien le dictó a Pérez Molina la prohibición de salida del país.

¿EL PROCESAMIENTO DE PÉREZ

MOLINA AMENAZA LAS ELECCIONES EN GUATEMALA?

Oscar Peláez Almengor, analista político y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aseguró que el proceso penal contra Pérez Molina no afecta las elecciones en Guatemala programadas para el próximo domingo 6 de septiembre.

“El proceso eleccionario lo marca la constitución. El presidente no es responsable directamente de las elecciones sino es el Tribunal Supremo Electoral que es autónomo”, dijo Peláez Almengor. Explicó que en el país no ha habido una fractura constitucional y que los tiempos que establece la constitución para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano y autoridades municipales se están cumpliendo.

Aunque las protestas de miles de guatemaltecos contra la corrupción han incluido la petición de que se anulen las elecciones, las posiciones no son unánimes.

El sector empresarial y la Iglesia católica se unieron para pedir a la población que vote el 6 de septiembre, mientras el Tribunal Supremo Electoral ha empezado a enviar la documentación y boletas para emitir el sufragio.