MARCOS ALEMAN
The Associated Press
El gobierno de El Salvador que invertirá 33,3 millones de dólares para impulsar programas y acciones sociales en seis municipios que se han declarado libres de violencia en el marco del proceso de pacificación que vive el país, según informó el martes el presidente Mauricio Funes.
Durante un acto en Casa Presidencial, Funes dijo que con estas iniciativas se da comienzo a una nueva fase de la política de prevención de la violencia y el delito, focalizado en los municipios de Ilopango, Santa Tecla, Quezaltepeque, Sonsonate, Puerto La Libertad y Apopa, donde las pandillas se han comprometido a “terminar con todo tipo de violencia”.
Con esta nueva fase en el proceso de pacificación, los programas y acciones estarán enfocados a salud, educación, trabajo y seguridad pública, según detalló el viceministro de Seguridad Pública, Douglas Moreno.
El primer componente es la inserción socio productiva, que incluye entrenamiento y facilitación para el empleo, así como iniciativas de emprendedurismo y cooperativas, con una inversión de 18,9 millones de dólares.
El segundo es el de inserción educativa, en el que el ministerio de Educación ha destinado en esta primera fase 4,3 millones de dólares, mientras que el tercer componente de salud integral se realizará con una inversión de 9,3 millones de dólares.
El cuarto componente es de seguridad ciudadana y prevención de la violencia que incluye organizaciones comunitarias y la gestión de espacios públicos para lo que han destinado 798.000 dólares.
El presidente Funes señaló que esta es una nueva alianza tendiente a sentar las bases de un nuevo proceso de prevención con el fin de alcanzar lo que todos los salvadoreños anhelan: la pacificación de El Salvador.
Funes manifestó que su gobierno continuará persiguiendo a los criminales y delincuentes y resaltó que en “en el primer año de la tregua se realizaron más de 57.000 capturas y se desarticularon cerca de 300 clicas (grupos de pandillas)”.
Pero afirmó que “que lo que debemos de evitar, es que estas organizaciones criminales, continúen alimentándose de nuestros jóvenes, eso es lo que tenemos que evitar”.
El mandatario reconoció que el proceso es criticado por diversos sectores, pero señaló que “esto ha provocado que en doce meses el país ha contabilizado 2.500 homicidios menos, es decir, que el índice de muertes violentas ha caído más de la mitad”.
El proceso de pacificación inició el marzo de 2012, cuando se registraban 14 homicidios diarios, y los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, acordaron una tregua, entre ellos, para dejar se matarse y bajar la cifra de muertes violentas.
La tregua entre las maras o pandillas, se alcanzó con la intermediación del obispo castrense y policial, monseñor Fabio Colindres y del ex guerrillero Raúl Mijango, en representación de la sociedad civil.
Luego las pandillas se unieron a la iniciativa para ampliar la tregua y crear “zonas de paz” o “municipios libres de violencia”, donde no se comenta ningún delito.
Pero si los homicidios han bajado, los pequeños empresarios y comerciantes siguen siendo el blanco de las extorsiones de estos grupos que por años han aterrorizado al país.
Los pandilleros que han reiterado su decisión de mantener la tregua y reducir los delitos, también han dejado claro que continuarían con las extorsiones para mantener a sus familias y ante la falta de oportunidades para reinsertarse a la sociedad.
En El Salvador, las pandillas establecidas en populosos barrios del país están integradas por más de 60.000 jóvenes y adolescentes. Más de 10.000 están presos, según cifras policiales.
Según informes de las autoridades de Seguridad Pública, en trece meses de la tregua los homicidios han bajado hasta en un 52%, pero las pandillas siguen cometiendo otros crímenes como las extorsiones.
