Esther Cepeda

Columnista

CHICAGO – Si uno no conoce íntimamente la terrible frase “Febrero es el mes de FAFSA”, es porque no tiene hijos en edad universitaria. O porque es suficientemente rico para no preocuparse por el desgarrador proceso de llenar la temida Solicitud sin Cargo de Asistencia Federal para Estudiantes, que abre las puertas a subvenciones, puestos de trabajo y préstamos estatales y federales para estudiantes universitarios.

Aunque los estudiantes pueden presentar el FAFSA para el siguiente semestre del otoño hasta el 30 de junio, febrero es el momento crucial. Las organizaciones que fomentan el acceso a la universidad en todo el país están realizando sus esfuerzos más vigorosos para alentar a las familias de ingresos medios y bajos, que en este momento están recibiendo por correo sus formularios para la declaración de impuestos, que envíen sus declaraciones fiscales e inmediatamente después completen el formulario de FAFSA para que se lo considere con prioridad.

Es una tarea tremendamente difícil. El temor a enfrentar la economía familiar hace que mucha gente postergue su declaración impositiva hasta el último momento. Y la intensa ansiedad que provoca la incertidumbre de si esa familia estará habilitada o no para recibir la asistencia necesaria a fin de pagar el primer —o el próximo, o último— año de universidad hace que mucha gente se cierre completamente. Más y más personas están, simplemente, dejando pasar los préstamos federales.

En cambio, el porcentaje de afroamericanos que obtuvo préstamos privados para pagar la universidad se cuadruplicó en los años académicos 2003-04 y 2007-8, según “Critical Choices: How Colleges Can Help Studentes and Families Make Better Decisions about Private Loans” (Decisiones críticas: cómo las universidades pueden ayudar a los estudiantes y sus familias a tomar mejores decisiones sobre los préstamos privados). Este informe, dado a conocer el verano pasado por el Project on Student Debt (Proyecto sobre la deuda estudiantil) en el Institute for College Access & Success, esbozó cómo las oficinas de asistencia financiera pueden desempeñar un papel importante en reducir el uso decréditos privados por parte de los estudiantes —mediante un asesoramiento activo para informar a los estudiantes sobre las diferencias entre los préstamos federales y otras alternativas privadas de mayor riesgo.

Los estudiantes universitarios latinos —que junto con las familias asiáticas y otros inmigrantes han evitado préstamos debido a actitudes culturales sobre el endeudamiento— más que duplicaron su utilización de deudas privadas durante el mismo período.

Entre todas las razas y etnias, el porcentaje de alumnos de los primeros cuatro años con préstamos privados —utilizados en todo tipo de instituciones, desde colegios comunitarios a universidades privadas e instituciones con fines de lucro— se elevó nueve puntos, sumando un total de casi 3 millones de prestatarios y un volumen de préstamos de 17.100 millones de dólares a fines del años escolar 2007-8.

Es un hecho de suma importancia.

Comparados con los préstamos federales, los préstamos estudiantiles privados constituyen una de las maneras más arriesgadas de pagar la universidad, equivalente a utilizar una tarjeta de crédito. Con tasas de interés sin límite y variables, y tarifas de solicitud, generalmente terminan costando más a los estudiantes más necesitados —y a sus familias, que firman con ellos. En 2010, el blog Student Lending Analytics estimó que, basándose en los préstamos otorgados en el período 2004-07, entre 360.000 y 540.000 prestatarios terminaron entrando en mora por un total de más de 5.000 millones de dólares en préstamos privados subprime para estudiantes, que no pueden eximirse mediante una quiebra.

Los préstamos federales, con sus tasas de interés fijas y más bajas, sin penas por pago anticipado y con mecanismos incorporados para evitar el incumplimiento de pagos al tomar en cuenta la situación laboral, son mejores en infinitas maneras. Sin embargo, los estudiantes recurren, cada vez más, a créditos privados en lugar de créditos y subsidios federales. Aunque parece ilógico, los créditos privados fomentados por una “solicitud de tres minutos” y una tasa de señuelo, pueden parecer muy atractivos a una familia abrumada o intimidada que teme completar el FAFSA y correr riesgos con el gobierno.

A diferencia de las familias de clase media alta, conocedoras de todo el proceso de asistir a la universidad, las familias de bajos recursos en general no están familiarizadas con los programas de asistencia federal y estatal sobre la base de la necesidad. Según una encuesta de 2010 por el College Board Advocacy & Policy Center, las familias de bajos recursos, latinas y menos educadas, tenían menos conocimiento del programa de Subvenciones Pell -fondos que no deben ser devueltos— que otros grupos. Sólo el 44 por ciento de los hispanos conocía las Pell Grants, comparado con el 81 por ciento de los blancos y el 82 por ciento de los afroamericanos.

Padres de todas las razas y etnias, de todos los niveles de educación e ingresos, piensan que el sistema federal de ayuda financiera es demasiado complicado. Para muchas familias, el proceso de solicitud depende demasiado de una computadora con conexión a Internet. Y las familias inmigrantes enfrentan problemas de lengua y el temor a proveer de información al gobierno, independientemente de su categoría legal.

En un mundo perfecto, los últimos intentos del presidente Obama para que la universidad sea más accesible comenzarían por encarar este problema, que lleva a que los padres y estudiantes más vulnerables tomen decisiones desastrosas sobre la financiación de la universidad. Hasta entonces, los padres deben saber que completar el FAFSA puede ser trabajoso pero que las alternativas son, de lejos, mucho más costosas.