Mayolo López,

Agencia Reforma

El Embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, fue cuestionado anoche en el Senado de la República por haberse enfrascado en un largo “pleito” con el Poder Judicial cuando se desempeñaba como titular de la PGR en el gobierno de Felipe Calderón.

Durante la comparecencia para ocupar la vacante que dejó el ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia, las senadoras perredistas Angélica de la Peña y Dolores Padierna le echaron en cara haber interpuesto sendas acciones de inconstitucionalidad en contra del aborto y contra la ley de los no fumadores.

Su argumento, recordaron, era que el Gobierno del DF no podía limitar la publicidad de las tabacaleras en eventos deportivos y sociales.

Medina Mora alegó que el recurso contra el aborto lo hizo en función de criterios jurídicos y no sobre la base de posiciones filosóficas o personales; el ex titular del Cisen aseguró que jamás entró en contacto con las tabacaleras.

Padierna le recriminó el polémico “Michoacanazo” –operación que pretendía la detención de alcaldes y funcionarios que a la postre naufragó–, pero el diplomático explicó que la presunción de control territorial estaba “más que fundada” y, más aún, que el juez que operó este controversial caso es sujeto de responsabilidad.

Asimismo, se le señaló por “violaciones graves a los derechos humanos” en los casos de San Salvador Atenco y de la APPO en Oaxaca.

Al respecto, Medina Mora recordó que la Suprema Corte ya lo exoneró.

“No soy compadre del Presidente”, sostuvo el Embajador a la pregunta de Padierna, que luego lo acusó de mentir por haber señalado que no tuvo responsabilidad alguna por el caso de las armas del caso “Rápido y Furioso”.

Con Medina Mora comparecieron los otros dos aspirantes al puesto: Horacio Armando Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

El magistrado Hernández Orozco, que se asumió como un candidato probo, presentó a los senadores sus declaraciones patrimoniales.

Fuentes Barrera adelantó que, de ser electo ministro de la Suprema Corte, buscará una “protección óptima de los derechos humanos de todos los mexicanos”.

La Comisión de Justicia elaborará un dictamen de idoneidad que entregará a la Junta de Coordinación Política, la instancia que presumiblemente la próxima semana hará del conocimiento del pleno la decisión que tomó en favor de uno de los tres aspirantes.