Por STEVE PEOPLES,
Associated Press
WASHINGTON (AP) — La comunidad empresarial de Estados Unidos ha comenzado a presionar al magnate para que abandone sus promesas de deportaciones masivas y otras políticas inmigratorias que los ejecutivos temen puedan perjudicar la economía. Algunos colectivos, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dudan que el republicano vaya a crear realmente un fuerza de deportación, como sugirió antes de su triunfo en las urnas, para expulsar a los aproximadamente 11 millones de migrantes que se estima están en el país sin los permisos necesarios. Pero otros están formando equipos con funcionarios públicos y líderes de la industria en estados clave para animar a Trump a adoptar una política inmigratoria más benevolente, aunque sea en nombre del desarrollo económico, si no de la compasión humana.
“Esta elección mostró claramente que los estadounidenses están extremadamente frustrados con nuestro sistema inmigratorio roto”, dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo de New American Economy, un grupo en cuyo directorio están Bloomberg, Murdoch y líderes de los gigantes Marriott, Disney y Boeing. “Pero sería un error equiparar su deseo de que alguien asegure la frontera con el apoyo a la deportación masiva u otras políticas de línea dura que podrían devastar la economía y socavar los valores estadounidenses”. En los últimos días, la organización de Robbins presentó coaliciones de líderes empresariales y funcionarios públicos que se oponen a la represión de la inmigración. Con el respaldo económico de sus directivos, el grupo trabaja para crear una estructura permanente que presione al nuevo gobierno y a los miembros del Congreso en asuntos clave antes incluso de que comience oficialmente el debate en el Capitolio. El equipo de transición del empresario de bienes raíces declinó responder preguntas sobre sus planes para la inmigración ilegal esta semana.
En una entrevista con la revista Time, Trump dejó caer que podría adoptar un enfoque más suave diciendo que iba a “buscar una solución” para ayudar a los inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin permisos siendo niños y que consiguieron permisos de trabajo durante el gobierno de Barack Obama. Sobre las deportaciones, Trump dijo al programa “60 Minutes” poco antes de la elección que daría prioridad a la expulsión de entre dos y tres millones de “personas que son delincuentes y tienen antecedentes penales… miembros de pandillas, narcotraficantes”. Un plan de este tipo se asemejaría mucho a la actual política de Washington. La victoria de Trump pilló desprevenida a la comunidad empresarial.
Grupos empresariales señalan que varios expertos pronostican consecuencias negativas para la economía si Trump deporta grandes cantidades de inmigrantes irregulares. Un estudio difundido en febrero por la American Action Network, de derecha, concluyó que ello reduciría “el PBI un billón de dólares” y le costaría a los contribuyentes más de 400.000 millones de dólares. Esta postura parece tener el apoyo de la opinión pública.
