SAN JOSE (AP) — La presidenta Laura Chinchilla manifestó el martes que Costa Rica ha dado grandes aportes en la lucha contra el narcotráfico internacional, por lo que cree que Estados Unidos debe ofrecer un plan específico para Centroamérica.

“Costa Rica tiene todo un planteamiento para revisar la cooperación porque creemos que ha sido valiosa, pero también que hemos aportado muchísimo a Estados Unidos en los compromisos que hemos asumido”, dijo Chinchilla en entrevista con AP.

Detalló que su propuesta incluye un incremento de recursos.

“No vamos a querer que nos sigan viendo como un apéndice del plan Mérida, queremos un plan para Centroamérica, un plan adecuado a las condiciones que está presentando el problema de la criminalidad organizada en nuestra región”, apuntó, al comentar que hay flujos de drogas de sur a norte, pero también otros de norte a sur “en forma de armas que se intercambian por narcotráfico o de drogas sintéticas que se fabrican en los mercados del norte”.

Admitió que Costa Rica no posee capacidad para vigilar sus aguas territoriales por lo que “la única alternativa que tenemos en este momento es la cooperación con países amigos… pero demandamos de Estados Unidos y otras naciones como Holanda, que nos complementen, no que nos sustituyan”.”.

La mandataria aclaró que defenderá siempre que esa cooperación “sea civil y no militar”.

“Soy de las primeras en garantizar que la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica no se va a militarizar”, señaló Chinchilla para explicar que mientras los instrumentos de uso del ejército –como armas– sean usados y supervisados por personal civil, “nunca se podrá decir que la lucha contra el narco es militarizada”.

Chinchilla aspira que el Congreso apruebe dos impuestos que serán destinados a fortalecer el presupuesto de seguridad del país: uno a las apuestas, casinos y juegos de azar y otro a las personas jurídicas. El primero generaría entre 30 a 40 millones de dólares al año y el segundo unos 100 a 150 millones de dólares anuales.

Según Chinchilla esos 200 millones de dólares serían dirigidos a contratar más policías, mejorar el equipamiento, construir cárceles, financiar a la policía judicial y a la Fiscalía.